Wado de Pedro, Mariano Recalde y Alicia Kirchner impulsan un proyecto para frenar la privatización y declarar a la empresa de agua como estratégica para la soberanía nacional.

Un grupo de senadores de Unión por la Patria encabezado por Eduardo “Wado” de Pedro, junto a Mariano Recalde, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Sandra Mendoza y otros legisladores del bloque, presentó un proyecto de ley para blindar a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) frente al intento privatizador del gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone declarar a la empresa “de interés público y estratégico” y excluirla de cualquier proceso de venta, concesión o cesión total o parcial, en defensa del acceso al agua potable como derecho humano esencial.

El texto también plantea derogar los decretos 493 y 494 firmados por el Ejecutivo en julio de 2025, que habilitaron un nuevo marco regulatorio para el servicio y autorizaron avanzar con la privatización total de la empresa estatal. Para los firmantes, esas medidas representan un retroceso que pone en riesgo tanto la prestación del servicio como la soberanía nacional sobre un recurso estratégico.

La propuesta ratifica además la intransferibilidad de las acciones del Estado en AySA, que actualmente conserva el 90% del capital, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores. A la vez, establece que cualquier modificación del objeto de la empresa, concesión de su operatoria o venta de activos esenciales deberá contar con aprobación del Congreso por mayoría agravada de dos tercios.

En los fundamentos, los senadores recuerdan el fracaso de la privatización de Obras Sanitarias durante los años noventa, cuando las tarifas aumentaron 88,2% mientras las inversiones comprometidas quedaron incumplidas y millones de usuarios siguieron sin acceso pleno al servicio. También reivindican la recuperación estatal de AySA durante el gobierno de Néstor Kirchner, etapa en la que se amplió significativamente la cobertura de agua potable y saneamiento en el AMBA.

Frente a la avanzada privatizadora del Gobierno, el proyecto busca reinstalar una discusión central: si el agua será tratada como una mercancía o como un derecho humano básico que debe permanecer bajo control público.