Un informe del CEPA advierte que el ajuste del Gobierno profundiza el recorte presupuestario y empuja a docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza.

La crisis de las universidades públicas sigue agravándose. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, mientras el Gobierno mantiene paralizada la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, avanza con un proyecto alternativo que consolida el ajuste sobre las casas de estudio y profundiza el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes.

Según el relevamiento, el presupuesto universitario acumuló una caída real del 41,6% respecto de 2023. De haberse aplicado la ley votada por el Congreso, los fondos habrían permitido recuperar prácticamente el nivel previo al recorte. En cambio, la propuesta oficial dejaría a las universidades con un presupuesto 35,1% inferior al que correspondería bajo la norma actualmente suspendida.

El impacto sobre los salarios es igual de alarmante. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, docentes y no docentes perdieron 34,2% de su poder adquisitivo. La mayoría de los cargos universitarios ya se ubica por debajo de la línea de pobreza y, en numerosos casos, incluso por debajo de la línea de indigencia. Apenas los profesores titulares con dedicación exclusiva y los escalafones más altos del personal no docente logran superar el umbral de pobreza.

El informe también cuestiona la propuesta salarial del Ejecutivo, que contempla aumentos trimestrales del 4,1%, acumulando un 12,3% anual. Esa recomposición ya quedó por debajo de la inflación proyectada para este año, estimada en 23,6% hasta septiembre. Lejos de reparar las pérdidas acumuladas, el esquema oficial consolidaría una nueva caída del salario real.

La ley de financiamiento universitario había sido aprobada por el Congreso, vetada por el presidente y luego ratificada por ambas cámaras. Aunque la Justicia ordenó su aplicación, el Gobierno decidió impulsar una modificación legislativa para evitar cumplirla. Mientras tanto, las universidades siguen funcionando bajo un escenario de asfixia presupuestaria y con trabajadores cuyos ingresos se derrumban frente al costo de vida.