La iniciativa fue presentada en el Senado y apunta a garantizar espacios físicos obligatorios para el trabajo periodístico en Casa Rosada, el Congreso y la Corte Suprema, en medio de tensiones por el acceso a la información pública y las acreditaciones de prensa.

La senadora nacional Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza un proyecto de ley que busca establecer la creación obligatoria de Salas de Prensa Institucionales permanentes en los tres poderes del Estado. La propuesta incorpora una modificación a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y apunta a fijar un piso normativo para el funcionamiento del periodismo acreditado dentro de las instituciones centrales del sistema democrático.

El texto legislativo establece que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán contar con espacios físicos específicos en sus sedes principales destinados al trabajo de periodistas acreditados. La iniciativa subraya que estos ámbitos no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni trasladados a sedes alternativas, en un intento por reforzar la presencialidad del vínculo entre prensa y poder político-institucional.

En paralelo, el proyecto incorpora una cláusula que prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones de prensa, estableciendo que cualquier restricción deberá ser individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial. En ese punto, la propuesta busca limitar márgenes de discrecionalidad estatal sobre el acceso de periodistas a la cobertura de los actos de gobierno y de las instituciones republicanas.

“No puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas”, sostuvo Moisés al fundamentar la iniciativa, al tiempo que remarcó que “las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno”. La senadora también advirtió que cuando el poder político define quién puede o no formular preguntas, se altera la función informativa del Estado y se debilitan los mecanismos de control democrático.

La presentación del proyecto se inscribe en un contexto marcado por cuestionamientos al funcionamiento de la Casa Rosada en materia de comunicación institucional, luego de la decisión del Gobierno de dar de baja la totalidad de las acreditaciones de prensa en Balcarce 50. Ese antecedente reciente aparece como telón de fondo de una discusión más amplia sobre transparencia, acceso a la información pública y condiciones materiales del ejercicio periodístico.

Desde esa perspectiva, la iniciativa busca instalar una obligación legal permanente para los tres poderes del Estado, con el argumento de que el acceso a la información no puede depender de criterios coyunturales ni de decisiones administrativas cambiantes. “Sin Salas de Periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, advirtió Moisés, sintetizando el sentido político del proyecto presentado en la Cámara alta.