Corina Estrin, del Grupo de Familias del Pellegrini, advierte sobre renuncias docentes, deterioro y ajuste mientras crece el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La crisis de la educación pública se expresa con crudeza en las aulas y en las voces de quienes la sostienen todos los días. En una entrevista radial, Corina Estrin, integrante del Grupo de Familias del Pellegrini —espacio que a su vez forma parte del colectivo más amplio Familias por la Educación Pública, surgido en 2024—, describió un escenario que combina desfinanciamiento, incertidumbre institucional y un deterioro acelerado de las condiciones de enseñanza. El diagnóstico no se limita a una escuela ni a una coyuntura puntual, sino que apunta a un proceso más amplio que, según planteó, se profundiza desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El eje del reclamo es concreto y a la vez estructural. Por un lado, la exigencia de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada y ratificada en reiteradas ocasiones por el Congreso pero aún sin aplicación efectiva. Por otro, la evidencia cotidiana de un sistema que empieza a resentirse en su funcionamiento básico. “La ley se tiene que cumplir ya”, sintetizó Estrin, al tiempo que advirtió sobre maniobras que, según señaló, buscan eludir su implementación mediante nuevas iniciativas que no resuelven el problema de fondo.

En el plano concreto, la situación se traduce en problemas que impactan directamente en la vida escolar. La renuncia de docentes aparece como uno de los síntomas más visibles de la crisis. Salarios que no alcanzan para sostener condiciones mínimas de vida empujan a profesores a abandonar cargos o a multiplicar trabajos fuera del ámbito educativo, lo que repercute en la continuidad pedagógica y en la estabilidad institucional. A esto se suma el deterioro edilicio, la falta de mantenimiento y la reducción de equipos de orientación escolar, en un contexto donde las demandas de los estudiantes son cada vez más complejas.

La entrevista también dejó al descubierto una dimensión social más profunda. Familias que consultan por viandas para garantizar la alimentación de sus hijos durante el ingreso, jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y una comunidad educativa que intenta sostenerse en medio de la precariedad. En ese marco, la organización de madres y padres surge no solo como una reacción defensiva, sino como una forma de intervención colectiva frente a lo que perciben como un retroceso en derechos históricos.

El origen de esta articulación se remonta a 2024, en paralelo con las primeras movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública. Familias por la Educación Pública funcionó como un espacio de encuentro que permitió nuclear a distintos sectores —entre ellos, las familias del Pellegrini y del Nacional Buenos Aires— con una consigna que fue ampliándose con el correr de los meses. Ya no se trata únicamente del acceso de sus hijos a determinadas instituciones, sino de la defensa integral de la educación pública, gratuita y laica como pilar del sistema democrático.

En paralelo, el clima político atraviesa el relato con una lectura crítica sobre los discursos que bajan desde el poder. La preocupación no se limita al ajuste económico, sino que incluye una advertencia sobre la construcción de un escenario de confrontación que, según se desprende de la entrevista, termina impactando en la vida escolar. La presencia policial en las puertas de los colegios y las amenazas que circularon en algunas instituciones son interpretadas como parte de un contexto más amplio que tensiona el vínculo entre el Estado y la comunidad educativa.

De cara a lo que viene, las familias organizadas anticipan nuevas acciones para visibilizar el conflicto, desde actividades culturales hasta la participación en movilizaciones. Sin embargo, el reclamo de fondo se mantiene sin matices: garantizar el financiamiento, recomponer las condiciones laborales docentes y sostener el funcionamiento del sistema. En un escenario donde las aulas empiezan a dar señales de agotamiento, la advertencia es clara: sin inversión y sin decisión política, la educación pública deja de ser una promesa para convertirse en una emergencia.