La reciente amenaza de intervención presidencial en la provincia de Buenos Aires generó un rotundo rechazo de varios gobernadores, quienes han alzado la voz en defensa de la democracia, la autonomía provincial y los valores republicanos fundamentales.

Cuando el presidente Javier Milei decidió atacar a uno de los gobernadores más emblemáticos del peronismo, Axel Kicillof, con amenazas de intervención en la provincia de Buenos Aires y un pedido de renuncia, no imaginó la reacción en cadena que generaría en la política nacional. La embestida contra Kicillof, que tiene tintes autoritarios y claramente desconoce los principios del federalismo, despertó una oleada de apoyo a la democracia y un fuerte respaldo a la autonomía provincial.

Los mandatarios provinciales, especialmente aquellos que provienen del ámbito peronista, no tardaron en expresar su rechazo a la postura de Milei. Entre ellos, se destacaron las voces de Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. Todos ellos coincidieron en un punto central: exigir la renuncia de un gobernador elegido democráticamente es un ataque directo a la democracia misma.

Quintela, en un mensaje claro y directo, denunció que la amenaza de intervención presidencial representaba una violación grave de los principios republicanos y federales que definen a la Nación. "La voluntad popular debe ser respetada en todas las provincias, y el ataque a Kicillof es un ataque a la democracia", señaló el gobernador de La Rioja.

En un tono similar, Ziliotto destacó que el pedido de renuncia a un gobernador no solo contraviene los valores democráticos, sino que también socava la Constitución Nacional, la cual establece un sistema federal donde cada provincia tiene derecho a gobernarse a sí misma. "El país debe estar unido en defensa de las instituciones y la democracia, y no permitir que se quebranten las reglas de juego", afirmó el gobernador pampeano.

Sin embargo, no todos los gobernadores se sumaron al coro de condena. Algunos mandatarios aliados de La Libertad Avanza, como Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, guardaron silencio, lo que ha sido visto como una postura contradictoria, dado su frecuente discurso sobre la importancia de la institucionalidad y el federalismo. Esta omisión ha sido duramente criticada, pues parece evidenciar una falta de compromiso real con los valores republicanos cuando se trata de cuestionar al poder central.

Por otro lado, gobernadores como Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, se mostraron firmes en su defensa del federalismo. Ambos remarcaron la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y señalaron que las amenazas de intervención presidencial atentan contra la autonomía de las provincias, un principio fundamental en la estructura política de Argentina.

El silencio de otros gobernadores, como los que integran la coalición de Juntos por el Cambio, también se hizo notar. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, fue uno de los más destacados por su falta de pronunciamiento, limitándose a felicitar al gobierno nacional por la cooperación en temas de seguridad. Esta actitud contrastó con el clima de solidaridad hacia Kicillof que se vivía en otras provincias.

Desde el bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez emitió un enérgico repudio al ataque de Milei, señalando que este no solo tenía como objetivo al gobernador bonaerense, sino que representaba un ataque a todos los gobernadores ya las provincias en general. "El intento de intervención no debe ser tolerado", subrayó, instalando a un frente común en defensa de la democracia y de las autonomías provinciales.

Así, el panorama político sigue polarizándose, pero una cosa parece clara: el frente peronista, con la contundente defensa de la democracia y el respeto por los principios republicanos, no permitirá que se socaven las bases del sistema político argentino. Con un rechazo generalizado a las amenazas de Milei, los gobernadores han dejado claro que la autonomía provincial y el respeto por la voluntad popular están por encima de cualquier ataque desde el poder central.