Andrés Lablunda advirtió sobre la desinversión sanitaria, cuestionó el modelo de Milei y señaló a los jubilados como principales víctimas del ajuste

En una semana atravesada por conflictos en el sistema sanitario, el legislador porteño Andrés Lablunda planteó que el rumbo adoptado por el gobierno nacional no responde a desajustes coyunturales sino a una definición política de fondo: el corrimiento del Estado de su rol como garante del derecho a la salud. En diálogo con Un país en serio, el programa de Radio Con Vos (FM 89.9) que conduce Gustavo Cano junto a Adriana Zerdin y la participación de Rodrigo Agustín, el dirigente sostuvo que la gestión de Javier Milei está llevando adelante una “desinversión sistemática” que impacta de manera directa en hospitales, programas públicos y en el acceso a medicamentos.

“La salud es un derecho humano fundamental. No puede pensarse como un bien de mercado”, afirmó, al ubicar el eje del debate en una discusión que definió como esencialmente política. Desde esa perspectiva, explicó que cada recorte en el sistema sanitario no implica un ahorro sino una transferencia de costos hacia la sociedad, particularmente hacia los sectores más vulnerables. La situación del programa Remediar, la falta de insumos en hospitales y el deterioro salarial de los trabajadores de la salud aparecen, en su diagnóstico, como manifestaciones concretas de un mismo proceso de retiro estatal.

“Cada centavo que se deja de invertir en salud no es ahorro: es deterioro social acumulado”

Lablunda insistió en que la salud debe ser abordada desde una perspectiva integral que exceda la atención médica. En ese sentido, vinculó las condiciones sanitarias con el acceso al trabajo, la vivienda y las condiciones de vida en general, y puso el foco en el agravamiento de los problemas de salud mental tras la pandemia. Según describió, el incremento de situaciones de violencia, especialmente entre jóvenes, no puede entenderse por fuera de un contexto social más amplio, donde el Estado no solo se retira de la intervención sino que, en algunos casos, contribuye a tensionar el clima social a través de discursos que legitiman la confrontación.

En ese marco, también advirtió sobre la falta de regulación en el ámbito digital y el avance de fenómenos como la ludopatía, en particular entre las nuevas generaciones. Para el legislador, la ausencia de políticas públicas en estos terrenos configura un escenario donde el desarrollo tecnológico avanza sin mediaciones, mientras el Estado renuncia a su capacidad de ordenar y proteger.

“Hay una ausencia total de políticas preventivas en salud mental en un contexto social cada vez más tensionado”

El impacto más visible de este modelo, señaló, se concentra en los adultos mayores. Lablunda definió a los jubilados como el sector más afectado por el ajuste, con una caída del poder adquisitivo que estimó entre el 30 y el 40 por ciento. Esa pérdida, explicó, se traduce en situaciones extremas, donde amplios sectores deben optar entre cubrir necesidades básicas o acceder a tratamientos médicos. El endeudamiento, la dependencia económica de las familias e incluso la aparición de casos de personas mayores en situación de calle forman parte de un deterioro que, según sostuvo, ya es estructural.

“Hoy un jubilado tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos”

A ese cuadro se suma, según planteó, una construcción discursiva desde el propio gobierno que tiende a responsabilizar a los adultos mayores por el déficit del sistema, lo que calificó como “discriminatorio” y parte de una lógica más amplia que los ubica como una carga. Para Lablunda, no se trata de declaraciones aisladas, sino de una coherencia interna con un modelo que prioriza criterios de rentabilidad por sobre derechos.

Al trasladar el análisis al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador sostuvo que no existe una estrategia consistente para amortiguar el impacto de las políticas nacionales. Si bien reconoció la existencia de medidas puntuales, advirtió que predominan las respuestas fragmentarias en una jurisdicción que, por su estructura demográfica, debería priorizar políticas específicas para una población envejecida. Actualmente, uno de cada cuatro habitantes de la ciudad tiene más de 60 años, una proporción que, según anticipó, continuará en aumento en los próximos años.

En ese contexto, cuestionó las iniciativas orientadas a restringir el acceso al sistema de salud a quienes no residen en la ciudad, al considerar que desconocen la dinámica real del área metropolitana. La circulación diaria de millones de personas que trabajan y producen en la Ciudad configura, a su entender, una unidad económica que no puede fragmentarse sin generar mayores desigualdades.

“Restringir el acceso a la salud es desconocer cómo funciona realmente el área metropolitana”

Finalmente, Lablunda vinculó el deterioro sanitario con el modelo económico general, al señalar que la pérdida de empleo, el cierre de unidades productivas y la caída de ingresos impactan directamente en las condiciones de vida y, por lo tanto, en la salud de la población. En ese marco, sostuvo que los fenómenos de violencia que se visibilizan en distintos ámbitos deben leerse como emergentes de un proceso más amplio de descomposición social.

Desde esa mirada, planteó la necesidad de reconstruir un proyecto político basado en la justicia social, con un Estado activo que garantice derechos y reduzca desigualdades. “Sin justicia social no hay democracia sólida ni paz social”, afirmó, al delinear un horizonte en el que la salud vuelva a ocupar un lugar central como derecho y no como variable de ajuste.