El Gobierno celebra una desaceleración que no se traduce en alivio social, mientras el ajuste consolida una caída del poder adquisitivo y un modelo que privilegia a los sectores concentrados.

Mientras el INDEC difundía una inflación mensual del 3,4%, el presidente Javier Milei exponía ante empresarios en el foro de AmCham Argentina, en una escena que condensa con precisión el sentido del actual rumbo económico: un Gobierno que busca legitimidad en los sectores de mayor poder económico mientras la mayoría social enfrenta un deterioro persistente de sus condiciones de vida. La simultaneidad de ambos hechos no es casual, sino ilustrativa de una política que mide sus éxitos en función de la aprobación del mercado antes que del bienestar de la población.

El dato inflacionario fue presentado como un avance en la narrativa oficial, bajo la idea de una tendencia descendente que anticiparía una estabilización. Sin embargo, ese 3,4% mensual se inscribe sobre una estructura de precios que ya registró incrementos acumulados que modificaron de manera profunda el costo de vida. En ese contexto, la desaceleración no implica una mejora real, sino la consolidación de un nuevo piso inflacionario mucho más alto, con salarios que no logran recomponerse al mismo ritmo y que continúan perdiendo capacidad de compra.

El contraste se vuelve más evidente al observar el discurso que el propio Gobierno despliega frente a los actores económicos concentrados. En ese ámbito, el ajuste es presentado como un “esfuerzo heroico”, una formulación que omite deliberadamente su carácter regresivo. No se trata de un sacrificio compartido, sino de una redistribución de cargas donde trabajadores, jubilados y sectores medios absorben el impacto de la recesión, mientras los grandes capitales encuentran condiciones favorables en un esquema de desregulación y liberalización de precios.

La promesa de un rebote en “V”, reiterada en distintos foros, no encuentra correlato en la economía cotidiana. El mercado interno continúa en retracción, el consumo masivo muestra caídas sostenidas y el entramado de pequeñas y medianas empresas enfrenta un escenario de contracción que compromete su viabilidad. Lejos de una recuperación acelerada, lo que se configura es un proceso de ajuste prolongado que reordena variables macroeconómicas a costa de debilitar la actividad y el empleo.

A este cuadro se suma una política de desregulación que impacta directamente sobre los hogares. La liberación de tarifas, servicios y precios regulados trasladó nuevos costos a las economías familiares sin una actualización equivalente de los ingresos, generando un desequilibrio que obliga a redefinir consumos y, en muchos casos, a recurrir al endeudamiento. La lógica de mercado aplicada sin mediaciones estatales no corrige distorsiones: las traslada hacia los sectores más vulnerables.

El relato oficial insiste en que el ajuste recaería sobre “la casta”, pero la dinámica observable muestra lo contrario. Los sectores de mayor poder económico no sólo no absorben el costo del programa, sino que lo respaldan activamente, en la medida en que consolida condiciones favorables para la rentabilidad. Del otro lado, amplios segmentos de la sociedad ven deteriorarse su poder adquisitivo y enfrentan crecientes dificultades para sostener su nivel de vida, configurando una brecha cada vez más marcada entre quienes se benefician del modelo y quienes lo padecen.

En este contexto, la discusión sobre la inflación no puede reducirse a su variación mensual ni a su tendencia estadística. Se trata de un fenómeno con efectos distributivos concretos, donde la desaceleración de los precios convive con una transferencia regresiva de ingresos. La estabilidad que se propone no es neutral: se construye sobre una caída del salario real y una contracción del consumo que redefine el mapa social.

El programa económico empieza a mostrar con mayor claridad su lógica de funcionamiento. Ordena ciertos indicadores, pero lo hace priorizando la consistencia macroeconómica por sobre la sostenibilidad social. En ese equilibrio, los números pueden cerrar en las planillas y en los foros empresariales, pero la vida cotidiana de millones de argentinos queda cada vez más lejos de cualquier promesa de mejora.