Con especialistas y organizaciones, una comisión de Diputados puso en agenda la crisis de las deudas familiares. Advierten sobre tasas abusivas, falta de regulación y prácticas de hostigamiento.

Con un diagnóstico contundente sobre el deterioro de la economía doméstica y el avance de prácticas abusivas en el sistema financiero, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre el sobreendeudamiento de las familias argentinas, en un encuentro que reunió a especialistas, organismos públicos y representantes de usuarios. La discusión se da en un contexto donde el crédito dejó de ser una herramienta de acceso para convertirse en una estrategia de supervivencia, empujada por ingresos en caída y una inflación persistente que licúa el poder adquisitivo.

“Es imperioso dar respuesta a la crisis del endeudamiento familiar”, planteó el diputado nacional Hugo Yasky, presidente de la comisión, al inaugurar el debate, donde además remarcó que las familias “se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos” en un escenario donde los intereses y punitorios de fintech y financieras de cercanía “no tienen ningún tipo de regulación”. Según advirtió, esta dinámica convierte al endeudamiento en “una bola de nieve que no para de crecer”, con un dato alarmante: 4,8 millones de personas arrastran deudas con más de tres meses de mora.

El cuadro se agrava por el funcionamiento de un circuito paralelo de cobranzas que, lejos de ofrecer soluciones, profundiza la vulnerabilidad. La caída de los ingresos y el aumento de la morosidad alimentan un mercado donde empresas compran paquetes de deuda y despliegan mecanismos de presión que incluyen hostigamiento sistemático y prácticas coercitivas que alcanzan incluso a familiares de los deudores. En ese contexto, la ausencia de regulación efectiva sobre nuevos actores financieros aparece como una de las principales falencias del sistema.

Durante la jornada, distintas voces pusieron cifras y experiencias concretas a un fenómeno que ya dejó de ser marginal. La socióloga Lucía Cavallero señaló que las familias acumulan niveles de endeudamiento récord y advirtió que ya no se trata de situaciones transitorias sino estructurales, vinculadas a la subsistencia cotidiana. En esa línea, planteó que cualquier esquema de reestructuración debería garantizar que los pagos no empujen a los hogares por debajo de la línea de pobreza, introduciendo un criterio social en un terreno dominado por la lógica financiera.

Desde la Defensoría del Pueblo porteña, Arturo Pozzali alertó sobre el incremento sostenido de reclamos de familias que directamente no pueden afrontar sus compromisos, mientras que desde Rosario, Ariadna Ciammarriello describió una realidad en la que la demanda de refinanciación de deudas ya compite en volumen con las denuncias por estafas virtuales. Ambos coincidieron en señalar la dificultad de interlocución con billeteras virtuales y plataformas digitales, cuyo crecimiento acelerado no fue acompañado por mecanismos de control adecuados.

El diagnóstico más crudo lo aportó Pedro Bussetti, titular de DEUCO, quien expuso el impacto de tasas que pueden alcanzar niveles del 500 o 600 por ciento anual, especialmente en sectores vulnerables como jubilados, donde el endeudamiento termina derivando en la quiebra de economías familiares enteras. Frente a ese escenario, propuso avanzar en herramientas legales que permitan a los usuarios negociar en condiciones más equitativas con sus acreedores, replicando mecanismos disponibles para empresas pero ausentes para personas físicas.

En esa misma dirección, especialistas en derecho del consumidor remarcaron la necesidad de avanzar hacia un régimen de “segunda oportunidad”, inspirado en experiencias internacionales como la española, que permita ordenar deudas fragmentadas y ofrecer salidas viables a quienes hoy quedan atrapados en un laberinto financiero sin salida. La falta de instrumentos ágiles, accesibles y justos para consumidores no comerciantes aparece como uno de los principales vacíos del sistema actual.

El cierre del diagnóstico volvió a poner el foco en el problema de fondo. Para las organizaciones de usuarios, abordar el sobreendeudamiento sin discutir la pérdida de ingresos implica quedarse en la superficie del problema. La caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones no sólo explica el recurso creciente al crédito, sino también la imposibilidad de saldar las deudas, configurando un círculo vicioso que se retroalimenta.

En ese marco, Yasky planteó la necesidad de que el Congreso avance en una legislación que dé respuesta estructural al problema, retomando antecedentes como la Ley de Segunda Oportunidad o el Derecho al Olvido financiero. “Con ese compromiso iniciamos este debate urgente y necesario”, afirmó, al dar inicio a una discusión que, más allá de lo técnico, expone una definición política de fondo: si el Estado interviene para proteger a los sectores endeudados o si deja librado el destino de millones a las reglas de un mercado que ya demostró su capacidad de exclusión.