En marzo alcanzó el 3,3% y acumuló 9% en el primer trimestre. El impacto es más fuerte en desocupados y trabajadores informales, mientras los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo.

La inflación volvió a acelerarse en marzo y confirmó una tendencia que se arrastra desde fines de 2025, consolidando un escenario de deterioro sostenido para los sectores populares. Según el relevamiento del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) junto a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), el incremento de precios alcanzó el 3,3% en el tercer mes del año, seis décimas por encima de febrero y el nivel más alto desde septiembre de 2024. En lo que va de 2026, la inflación acumulada ya trepa al 9%, mientras que la variación interanual se ubica en el 31,5%, en un contexto donde los ingresos no logran recomponerse.

El dato más alarmante no es solo la magnitud del aumento, sino su impacto desigual. La inflación de marzo volvió a golpear con mayor intensidad a los sectores más vulnerables: los desocupados enfrentaron una suba del 3,6% y los asalariados no registrados del 3,4%, mientras que los jubilados registraron un 3,1%. Esta diferencia se explica por la composición de las canastas de consumo, donde los rubros que más aumentaron —servicios públicos, transporte y alimentos— tienen mayor peso relativo en los hogares de menores ingresos. La brecha también se refleja entre deciles: el segundo decil sufrió una inflación del 3,57%, frente al 3,01% del décimo, evidenciando una estructura regresiva que profundiza la desigualdad.

El informe identifica que la suba de marzo estuvo impulsada principalmente por componentes estacionales y precios regulados. El rubro Educación lideró los aumentos con un 8,6% por el inicio del ciclo lectivo, seguido por Transporte con un 5,7%, traccionado por incrementos en combustibles y tarifas de colectivos. También registraron subas significativas Prendas de vestir y calzado (3,6%) por el cambio de temporada y Vivienda (3,5%) debido al aumento en electricidad. En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue del 3,2%, con una fuerte incidencia de la carne, que subió un 6,3%, mientras que frutas y verduras mostraron leves retrocesos.
En este marco, las críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei vuelven a centrarse en la falta de herramientas para contener la inflación y proteger los ingresos. El director ejecutivo del CCD y diputado nacional, Nicolás Trotta, advirtió que “la política anticíclica no forma parte del recetario del gobierno”, cuestionando la decisión oficial de sostener un esquema donde el mercado aparece como único regulador frente a variables que impactan directamente en las condiciones de vida de la población. En la misma línea, el economista Fabián Amico señaló que la aceleración responde tanto al aumento de precios regulados —producto de la reducción de subsidios— como a factores externos, entre ellos la presión sobre los alimentos vinculada al mercado internacional y la depreciación cambiaria.

El deterioro del salario real completa el cuadro. Desde noviembre, los ingresos de los trabajadores acumulan una caída superior al 6%, en un escenario donde la inflación no solo no cede, sino que muestra signos de reactivación. La combinación de ajuste fiscal, suba de tarifas y liberación de precios configura un esquema regresivo que impacta de manera directa en el consumo y en la capacidad de sostener condiciones básicas de vida.

A nivel interanual, las diferencias entre sectores se achican, pero no desaparecen. El decil más bajo registra una inflación del 31,7%, levemente superior al 31,3% del decil más alto. Entre los rubros que más aumentaron en el último año se destacan Vivienda (38,6%), Bienes y servicios varios (38%) y Transporte (37,5%), consolidando un patrón donde los gastos esenciales son los que más presionan sobre los ingresos.

Lejos de estabilizarse, la dinámica inflacionaria vuelve a encender señales de alerta. La persistencia de aumentos en rubros clave, combinada con la caída del salario real y la ausencia de políticas de contención, profundiza una desigualdad que ya no se explica solo por los niveles de ingreso, sino por la propia estructura de precios. En ese contexto, la inflación deja de ser un indicador macroeconómico para convertirse, una vez más, en un problema cotidiano que golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen.