Sin ingresos, con cupos irrisorios y reciclaje de políticas preexistentes, la nueva iniciativa del Gobierno expone más ajuste que solución para los sectores populares.

El lanzamiento del programa “Formando Capital Humano”, presentado el 13 de abril por el Ministerio que conduce el oficialismo, llegó con una puesta en escena grandilocuente que prometía dar respuesta a la desocupación, la economía popular y la inserción laboral juvenil. Sin embargo, detrás del marketing y el discurso oficial, el esquema muestra rápidamente sus limitaciones estructurales y deja al descubierto una política que reemplaza ingresos concretos por promesas de capacitación sin sustento material.

El primer dato es determinante: el programa no contempla ningún tipo de contraprestación económica. Allí donde antes existía un ingreso —insuficiente pero real— ahora se ofrece únicamente formación, sin garantizar condiciones básicas para que las personas puedan sostener ese proceso. La ecuación es simple y brutal: se retira el ingreso y se lo sustituye por cursos, trasladando el costo de la crisis a quienes ya están en situación de vulnerabilidad.

A esto se suma una segunda contradicción evidente. Para acceder al programa se imponen requisitos similares a los de una asistencia económica, aun cuando no hay dinero involucrado. Es decir, se endurecen las condiciones de acceso al mismo tiempo que se elimina el beneficio central, configurando un dispositivo más cercano a la exclusión que a la inclusión laboral.

El tercer punto revela otra capa del problema: los cursos ofrecidos no representan ninguna innovación. Se trata, en su mayoría, de capacitaciones que desde hace décadas brindan los centros de formación profesional provinciales, financiados por los propios Estados locales. Lejos de una política nueva, el Gobierno nacional toma estructuras ya existentes, las resignifica discursivamente y las presenta como una creación propia, sin inversión significativa ni ampliación real de la oferta.

Pero el dato que sintetiza la inconsistencia del programa aparece al analizar su implementación concreta. En la provincia de Jujuy, donde 43.573 personas percibían el programa Volver al Trabajo, la nueva iniciativa ofrece apenas 46 cupos. La desproporción es tan extrema que desarma cualquier argumento oficial: no se trata de una política masiva ni de reconversión laboral, sino de una intervención marginal que no alcanza ni siquiera a una fracción mínima de la población afectada.

El esquema se completa con el llamado “vóucher”, que tampoco constituye un ingreso directo. Se trata de un aporte único de 50.000 pesos destinado a cubrir costos de cooperadora en los cursos, lo que en la práctica implica una asistencia puntual, sin continuidad ni impacto estructural. Si se proyecta el gasto total, el Estado invertiría apenas 2,3 millones de pesos para ese universo de potenciales beneficiarios, una cifra que equivale al costo de apenas 29 meses de un solo titular del programa anterior.

En ese contexto, la pregunta sobre el rol del gobierno de Javier Milei en materia de políticas sociales deja de ser retórica. El reemplazo de programas de transferencia directa por dispositivos sin financiamiento real sugiere una orientación clara: reducir el gasto social aun a costa de desarticular mecanismos de contención y promoción laboral.
La comparación con Ricardo Caruso Lombardi no resulta casual ni exagerada. El nivel de sobreactuación discursiva contrasta con la fragilidad de los números, en una lógica donde el anuncio importa más que la efectividad de la política pública.

Desde organizaciones sociales y sindicales, como el Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, ya plantean un desafío directo al oficialismo: abrir un debate público y poner sobre la mesa los datos concretos del programa. La convocatoria no es menor. En un escenario donde las cifras no acompañan el relato, la discusión deja de ser ideológica para volverse estrictamente empírica.

El programa “Formando Capital Humano” aparece así como una pieza más de una estrategia que privilegia el ajuste por sobre la inclusión, con una retórica de modernización que no logra ocultar la precarización de las políticas destinadas a los sectores más golpeados. La distancia entre lo anunciado y lo implementado no solo es amplia, sino que revela una concepción del Estado que se retira allí donde más se lo necesita.