El gobierno de Milei les recortó el 52% de los ingresos a los 8.000 médicos de cabecera que atienden a 5,4 millones de afiliados. Desde este lunes, los consultorios están cerrados.

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI declararon un paro nacional de 72 horas a partir del lunes 13 de abril en rechazo a la resolución RESOL-2026-1107, firmada el jueves 9 por el director ejecutivo del INSSJP, Esteban Leguizamo, que eliminó el pago por consulta presencial y destruyó de un plumazo más de la mitad de sus ingresos. La medida de fuerza, respaldada por la CGT a través de APPAMIA, deja sin turno a los 5,4 millones de jubilados y pensionados que dependen de la obra social más grande de América Latina. Si no hay respuesta del gobierno, el paro se extiende por tiempo indeterminado.

La resolución absorbió la consulta clínica presencial y el control anual de salud dentro de una cápita mensual de $2.100 por paciente, sin renegociar un solo contrato vigente y sin previo aviso. Al mismo tiempo eliminó tres códigos de práctica que se facturaban por separado: la devolución de control anual de salud, la consulta de control del desarrollo infantil y la consulta pediátrica de seguimiento. Los profesionales mantienen la misma carga horaria obligatoria —auditada por el propio PAMI— y siguen afrontando de su bolsillo los costos del consultorio. Cobran la mitad. Trabajan igual. En Fiorito y en todo el conurbano, los carteles aparecieron antes del fin de semana: no hay turnos hasta nuevo aviso. Las recetas y órdenes de interconsulta se mantienen. Las urgencias, a la guardia de segundo nivel.

El hachazo sobre los médicos de cabecera no es un episodio aislado sino la cara más visible de un desguace que lleva más de dos años. Desde que asumió la gestión Milei, el PAMI acumuló una deuda de más de 500.000 millones de pesos con sus 17.000 prestadores —clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias, ópticas, odontólogos— en todo el país. La cadena de pagos, que históricamente tenía un retraso de tres meses, hoy está virtualmente rota: las demoras superan los cinco meses y el atraso acumulado respecto a la inflación trepó al 160%. Los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis Caputo, no giran los fondos necesarios para sostener la obra social que le da cobertura médica a los adultos mayores de todo el país.

El viernes 10 de abril, trabajadores de la sede central del PAMI en Av. Corrientes 655 —médicos, bioquímicos, arquitectos, nutricionistas, enfermeros, abogados— realizaron un ruidazo y asambleas para visibilizar el desmantelamiento de la Gerencia de Auditoría Prestacional, el área responsable de certificar que clínicas, sanatorios y hospitales cumplan condiciones mínimas de bioseguridad para atender a los afiliados. En una de esas asambleas, el propio gerente del área, Damián González —un funcionario del gobierno, vale remarcarlo— dijo lo que pocos se animaban a decir en voz alta: el gobierno nacional quiere privatizar el PAMI. Se hicieron presentes los dirigentes sindicales Daniel Sánchez (ATE), Esteban Ceballos (UTI) y Hernán Corredoira (SUTEPA). La reunión posterior con la conducción del organismo terminó sin ningún avance.

"Sin honorarios dignos, no hay salud de calidad", advirtió APPAMIA. Del otro lado, cinco millones de jubilados esperan un turno que esta semana no va a llegar.