Un informe técnico señala que casi el 80% de los afiliados no cuenta con financiamiento suficiente para el PMO y describe un escenario crítico en el sistema.

La CGT advirtió que el sistema de obras sociales sindicales atraviesa una crisis estructural que compromete la cobertura de salud de millones de trabajadores, a partir de un informe actualizado a marzo de 2026 que analiza la situación financiera del sector en todo el país. El documento, elaborado por la central obrera, señala que más de 11 millones de afiliados —el 78,5% del padrón— no cuentan con ingresos suficientes para cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que expone un desfasaje crítico entre recaudación y prestaciones.

El informe identifica como problema central la brecha entre los recursos disponibles y los costos del sistema. Mientras la recaudación promedio por beneficiario se ubica en 67.525 pesos mensuales, el costo estimado del PMO asciende a unos 85.000 pesos. Esta diferencia cercana al 25% configura un déficit estructural que las obras sociales no logran compensar y que condiciona su funcionamiento operativo.

En ese marco, la CGT califica la situación como “grave” y advierte que en algunos casos el escenario es “casi terminal”. El relevamiento da cuenta de obras sociales dadas de baja, otras en crisis abierta y varias bajo intervención, lo que refleja un deterioro institucional que ya no se limita a lo financiero sino que alcanza la capacidad de gestión.

Las consecuencias de este desfinanciamiento se trasladan directamente a la atención de los afiliados. El informe registra demoras en el acceso a prácticas médicas, dificultades en la prestación de servicios y tensiones crecientes en la cadena de pagos con prestadores. De este modo, el problema económico impacta de manera concreta en la calidad y continuidad de la cobertura.

Uno de los indicadores más sensibles del deterioro es la caída en el acceso a medicamentos. Entre 2018 y 2023, la capacidad de compra de fármacos ambulatorios se redujo en promedio un 49%, lo que evidencia la pérdida de poder de financiamiento frente al aumento de los costos del sector. Esta tendencia se mantiene y profundiza las limitaciones del sistema.

El documento también señala desequilibrios en la estructura de financiamiento vinculados a la composición de los afiliados. La incorporación de monotributistas, con aportes inferiores al costo real de las prestaciones, introduce un desbalance adicional. A esto se suma la situación de los jubilados derivados del PAMI, cuyas transferencias no alcanzan para cubrir las prestaciones que reciben.

En paralelo, la CGT cuestiona la distribución de subsidios estatales por considerarla inequitativa. La asignación de recursos sin contemplar las diferencias de recaudación entre obras sociales no corrige las asimetrías existentes y, según el informe, contribuye a profundizarlas. Esto limita la capacidad de compensación interna del sistema.

Finalmente, el informe advierte sobre la presión que enfrenta el Fondo Solidario de Redistribución. Más del 75% de sus recursos se destinan a cubrir discapacidad, lo que reduce su margen de acción en otras áreas. En este contexto, la CGT concluye que sin una recomposición de ingresos y una revisión del esquema de financiamiento, la sostenibilidad del sistema de obras sociales queda seriamente comprometida.