La UTEP y organizaciones sociales realizaron cortes y ollas populares en todo el territorio en rechazo a la eliminación del ingreso que alcanza a casi un millón de trabajadores de la economía popular.

Desde las primeras horas de la mañana, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desplegaron una jornada nacional de cortes de ruta y ollas populares en distintos puntos del país para rechazar la eliminación del Salario Social Complementario, en el marco de una política de ajuste que impacta de lleno sobre los sectores más vulnerables. La medida se inscribe en un plan de lucha que viene escalando frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre el ex programa Potenciar Trabajo, reconvertido bajo el nombre “Volver al Trabajo”, pero desprovisto de su componente salarial.

El eje del conflicto radica en la supresión de un ingreso que, según las propias organizaciones, alcanza a cerca de 930 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular en todo el país. Se trata de un universo que incluye a quienes sostienen tareas comunitarias esenciales como comedores, espacios de cuidado, reciclado urbano y obras de mejoramiento barrial, actividades que históricamente han funcionado como un sostén ante la exclusión estructural del mercado laboral formal. La eliminación de este ingreso no sólo implica la pérdida de un piso mínimo de derechos, sino también un golpe directo a la economía cotidiana de los barrios populares.

Lejos de constituir un alivio significativo para las cuentas públicas, el costo del programa representaba apenas el 0,1% del PBI, un dato que las organizaciones remarcan para cuestionar el argumento oficial de la “inviabilidad fiscal”. En paralelo, el deterioro del ingreso ya venía profundizándose: congelado en 78 mil pesos desde noviembre de 2023, el Salario Social Complementario acumuló una pérdida del 74% de su poder adquisitivo, erosionando mes a mes su capacidad de sostener condiciones mínimas de subsistencia.

El reemplazo del salario por programas de capacitación laboral articulados con empresas privadas es otro de los puntos centrales de la disputa. Desde los movimientos sociales advierten que estas iniciativas no garantizan inserción laboral real y, por el contrario, funcionan como una transferencia de recursos hacia grandes corporaciones sin compromiso de contratación. A esto se suma un sesgo centralista en la implementación de los cursos, que se concentrarían mayormente en la Ciudad de Buenos Aires, dejando por fuera a amplios sectores del interior del país.

El impacto federal de la medida es uno de los aspectos más sensibles. En la provincia de Buenos Aires, más de 430 mil titulares se verían afectados por la eliminación del ingreso, mientras que en distritos como Tucumán, Jujuy, Chaco o Salta la interrupción del flujo de dinero implicaría la desaparición de miles de millones de pesos mensuales destinados al consumo básico. Este recorte no sólo golpea a las familias directamente involucradas, sino que también repercute en las economías regionales, donde esos ingresos dinamizan circuitos comerciales de proximidad.

A su vez, las organizaciones advierten sobre el riesgo de desarticulación del entramado comunitario construido durante años en los territorios. El Salario Social Complementario no era únicamente una transferencia monetaria, sino que implicaba una contraprestación laboral en actividades de fuerte impacto social. Su eliminación amenaza con el cierre de comedores comunitarios, cooperativas de reciclado, espacios de cuidado y centros de asistencia en adicciones, debilitando redes que hoy funcionan como contención frente a escenarios de creciente exclusión.

En este contexto, la jornada de protestas buscó visibilizar un conflicto que combina urgencia social y disputa política. Bajo la consigna de que “sin salario no hay trabajo y sin trabajo no hay paz social”, las organizaciones ratificaron la continuidad del plan de lucha y dejaron planteado un escenario de creciente conflictividad frente a un modelo que, según denuncian, desplaza recursos desde los sectores populares hacia los actores económicos concentrados.