Los 137 votos que habilitaron el avance contra la ley de glaciares consolidan un bloque político que ya venía acompañando cada reforma estructural del gobierno y profundizan un modelo que debilita al Estado y expone los recursos estratégicos del país.

La aprobación del proyecto que modifica la protección de los glaciares no puede leerse como un hecho aislado ni como una discusión técnica sobre normativa ambiental. Lo que ocurrió en el Congreso, con 137 diputados votando a favor, es la confirmación de una mayoría política que viene operando de manera sistemática para garantizar el programa del gobierno de Javier Milei. Una mayoría que ya fue decisiva para la Ley Bases, el RIGI y la reforma laboral, y que ahora vuelve a alinearse detrás de una iniciativa que no promete desarrollo, no genera empleo y sí debilita de manera estructural la capacidad del Estado para planificar y proteger.

El proyecto aprobado se inscribe en una lógica que desestima el conocimiento científico como insumo para la toma de decisiones públicas. La legislación vigente sobre glaciares había sido construida a partir de consensos técnicos y políticos amplios, con el objetivo de resguardar reservas estratégicas de agua dulce en un contexto global donde ese recurso adquiere un valor creciente. Alterar ese marco no implica solo modificar una ley: significa correr el eje desde la preservación hacia la explotación, reduciendo los márgenes de intervención estatal en territorios ambientalmente sensibles. En ese desplazamiento, lo que se pierde no es únicamente regulación, sino capacidad soberana.

La idea de que estas reformas traerán inversión, empleo o desarrollo aparece cada vez más como un argumento vacío frente a la evidencia acumulada. Las experiencias recientes muestran que los esquemas de desregulación y beneficios extraordinarios para grandes capitales no necesariamente se traducen en mejoras para las economías locales ni en una distribución más equitativa de la riqueza. Por el contrario, tienden a consolidar estructuras extractivas donde el valor se fuga, los territorios se degradan y el Estado queda relegado a un rol residual.

En ese marco, empieza a delinearse con claridad el modelo de país que se intenta imponer. Un país fragmentado, donde las provincias quedan libradas a negociar de manera individual con grandes actores económicos, sin una estrategia nacional que ordene prioridades ni establezca límites. Un país donde los recursos naturales dejan de ser parte de un proyecto colectivo para convertirse en mercancía disponible al mejor postor. La “balcanización” no es una consigna exagerada, sino la consecuencia lógica de un esquema que debilita la coordinación federal y promueve la competencia entre jurisdicciones por atraer inversiones en condiciones cada vez más desventajosas.

Pero si ese modelo avanza no es únicamente por la voluntad del Poder Ejecutivo. Hay responsabilidades concretas en el Congreso. Los bloques que aportaron quórum y los legisladores que levantaron la mano son parte constitutiva de este proceso. No se trata de acompañamientos aislados ni de decisiones coyunturales: hay una conducta reiterada, una coincidencia estructural en torno a un programa que combina ajuste, desregulación y apertura irrestricta de sectores estratégicos. Cada votación reafirma esa alianza. Cada ley aprobada la profundiza.

Por eso, cuando se analicen las consecuencias de estas políticas, no alcanzará con señalar a una sola figura. El rumbo actual es el resultado de una construcción política más amplia, de una mayoría que decide avanzar aun frente a advertencias técnicas, cuestionamientos sociales y riesgos evidentes. En ese sentido, los 137 votos no son solo un número: son la expresión concreta de un bloque de poder que asume, de manera explícita, el costo de transformar la matriz económica y territorial del país.

Frente a ese escenario, la resistencia no aparece como una consigna abstracta sino como una respuesta política a un proceso en curso. Porque lo que está en disputa no es únicamente una ley, sino el sentido mismo del desarrollo, el rol del Estado y el destino de los bienes comunes. Y en esa disputa, cada decisión legislativa deja de ser un trámite para convertirse en una definición de fondo sobre qué país se construye y para quién.