Trabajadores y trabajadoras realizaron una conferencia frente a la Legislatura para rechazar la licitación de radios y el canal estatal y denunciar una privatización encubierta que pone en riesgo empleo, cultura y acceso a la información.

Trabajadores de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron este miércoles frente a la Legislatura porteña para rechazar la decisión del gobierno de avanzar con la concesión de Radio Ciudad (AM 1110), La 2x4 y el Canal de la Ciudad, en una medida que califican como una privatización encubierta. La Asamblea de Trabajadorxs denunció que el Ejecutivo ya publicó los pliegos de licitación y fijó la apertura de sobres para el 20 de abril, en un proceso que, advierten, vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo más de 400 puestos de trabajo.

Durante la conferencia de prensa, acompañados por legisladores de la oposición, organizaciones gremiales y referentes del ámbito cultural —especialmente del universo del tango—, los trabajadores expusieron su preocupación por el futuro de medios que consideran patrimonio cultural de la Ciudad. En ese marco, señalaron que la medida contradice el artículo 47 de la Constitución porteña, que establece la protección del acceso a la información y el carácter público de los medios estatales, y alertaron sobre el vaciamiento de espacios con fuerte identidad histórica y social.

El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración del rol del Estado en la comunicación pública, donde la lógica de mercado avanza sobre estructuras que históricamente cumplieron funciones de promoción cultural, pluralidad informativa y formación profesional. Radio Ciudad, con casi un siglo de trayectoria, La 2x4, con 25 años como emblema de la difusión del tango, y el Canal de la Ciudad, con más de dos décadas de producción audiovisual, constituyen, según los trabajadores, herramientas fundamentales para garantizar contenidos que no están regidos por criterios comerciales.

Las voces que se expresaron en la jornada coincidieron en señalar que la concesión no solo afecta a quienes trabajan en los medios, sino también a la ciudadanía en su conjunto. “Nos oponemos a esta medida por el daño que implica a nivel social y al patrimonio cultural en una función que creemos importante para la democracia”, sostuvo el operador de AM 1110, Nicolás Reynoso, sintetizando una preocupación extendida entre los presentes. En la misma línea, el periodista y especialista en medios Carlos Ulanovsky remarcó el valor estratégico de la radio pública como espacio de innovación y formación, y advirtió sobre el impacto que tendría su eventual privatización.

El reclamo también puso el foco en la falta de precisiones del gobierno porteño respecto del destino de los trabajadores y trabajadoras, lo que alimenta la incertidumbre sobre posibles despidos o cambios en las condiciones laborales. En ese sentido, la Asamblea anticipó que se encuentran evaluando medidas para frenar el proceso de concesión y sostener el carácter público de los medios, en una disputa que combina aspectos legales, laborales y culturales.

La escena frente a la Legislatura dejó en evidencia que el conflicto recién comienza y que la defensa de los medios públicos se configura como un nuevo frente de tensión política en la Ciudad. Con la licitación en marcha y los plazos corriendo, el desenlace dependerá no solo de las decisiones administrativas del Ejecutivo, sino también de la capacidad de organización y presión de los trabajadores, junto con el posicionamiento de los distintos actores políticos y sociales frente a una política que redefine el mapa de la comunicación pública porteña.