La directora de la Fundación Sur, Laura Musa, cuestionó los proyectos impulsados en el Congreso y alertó que pueden restringir el acceso a la justicia en casos de violencia y abuso.

En medio del avance de iniciativas legislativas para endurecer las penas por falsas denuncias, la directora de la Fundación Sur, Laura Musa, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que estas propuestas podrían tener en el acceso a la justicia, particularmente para víctimas de violencia de género y abusos. Según planteó, los proyectos que se discuten en el Senado y que tienen entre sus principales impulsoras a Carolina Losada y Lilia Lemoine no se sostienen en evidencia empírica y responden a una lógica punitiva que puede terminar desalentando las denuncias.

Musa sostuvo que no existen datos concretos que respalden la necesidad de modificar el Código Penal en este punto, ya que no se presentan estadísticas relevantes sobre sentencias firmes por falsas denuncias que justifiquen un agravamiento de penas. En ese sentido, advirtió que se está construyendo un problema sobredimensionado que, lejos de resolver conflictos, puede generar un efecto disciplinador sobre quienes atraviesan situaciones de violencia. “La finalidad real de estas iniciativas es amedrentar a quienes denuncian”, señaló, al tiempo que cuestionó que el foco se desplace desde la investigación de los hechos hacia el castigo potencial de las víctimas.

Desde una perspectiva jurídica, la especialista remarcó que el sistema penal argentino no exige a las víctimas aportar pruebas, ya que la carga de la investigación recae sobre el Ministerio Público Fiscal, que dispone de los recursos necesarios para hacerlo. Alterar ese principio implicaría, según explicó, un retroceso en términos de garantías y acceso a derechos, al colocar sobre quienes denuncian una presión adicional que puede derivar en silenciamiento y desprotección.

Además, Musa rechazó la idea de que el endurecimiento de penas tenga un efecto disuasivo real. “No hay evidencia, ni en Argentina ni en otros países, de que agravar las penas reduzca la comisión de delitos”, afirmó, y encuadró estas iniciativas dentro de respuestas simplificadoras frente a problemáticas complejas, que terminan reforzando el castigo sin abordar las causas estructurales de la violencia.

En el plano internacional, advirtió que los proyectos podrían entrar en tensión con compromisos asumidos por el Estado argentino. En particular, mencionó la Convención de Belém do Pará, que obliga a garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres en situación de violencia, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el deber de denunciar vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese marco, alertó que cualquier medida que desincentive la denuncia puede implicar un incumplimiento de obligaciones internacionales y un retroceso en materia de derechos humanos.

El debate vuelve así a poner en el centro una discusión más amplia sobre el sentido de las políticas penales en la Argentina: si deben orientarse a ampliar derechos y facilitar el acceso a la justicia o si, por el contrario, avanzan hacia esquemas que, bajo la promesa de orden, terminan restringiendo las herramientas de protección para los sectores más vulnerables.