Legisladores opositores denuncian que la iniciativa viola la ley y proponen un sistema público autónomo con control social, producción local y financiamiento sin ajuste.

El intento de avanzar en la privatización de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la gestión de Jorge Macri abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional en la Legislatura porteña, donde el bloque Fuerza por Buenos Aires salió a denunciar que, bajo el argumento del “ahorro”, el oficialismo busca desmantelar herramientas clave para la comunicación pública y la pluralidad informativa. La discusión no es menor: lo que está en juego es el rol del Estado en la producción de contenidos y el derecho de la ciudadanía a acceder a información con identidad propia, por fuera de la lógica del mercado.

Desde la oposición, la respuesta no se limitó a la crítica sino que incluyó la presentación de una propuesta alternativa para la creación de un Sistema de Medios Públicos de la Ciudad, con autonomía del Poder Ejecutivo y de los intereses privados. El proyecto plantea la conformación de un ente autárquico con representación del Ejecutivo, la Legislatura y los trabajadores, directores elegidos por concurso y mecanismos de control y transparencia, en un intento por garantizar independencia editorial y evitar la concentración de decisiones en manos del jefe de Gobierno de turno.

El eje de la propuesta también pone el foco en los contenidos: establece que al menos el 60% de la producción sea local, con participación de productoras independientes y comunitarias, presencia de las 15 comunas y una programación orientada a lo educativo, cultural y de interés público. La iniciativa busca, en ese sentido, recuperar la idea de medios públicos como espacio de representación social, frente a una lógica de gestión que, según denuncian, prioriza el recorte y la posible tercerización de contenidos.

Otro de los puntos centrales del debate es el financiamiento. Mientras el oficialismo argumenta la necesidad de reducir costos, desde Fuerza por Buenos Aires sostienen que es posible fortalecer el sistema sin ajuste ni nuevos impuestos, utilizando recursos ya existentes, como lo recaudado a plataformas digitales a través de Ingresos Brutos, además de ingresos por publicidad y producción de contenidos. La discusión, así, se desplaza del terreno presupuestario al político: no se trata de falta de recursos, sino de decisión sobre cómo y para qué se utilizan.

El conflicto suma además un componente legal que tensiona aún más la iniciativa del Ejecutivo. La oposición advierte que avanzar en la privatización de los medios públicos no solo implicaría un retroceso en términos de políticas de comunicación, sino que podría ser ilegal, en tanto la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual prohíbe la delegación de medios públicos en manos privadas, mientras que el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad establece la obligación de contar con medios de gestión estatal. A casi tres décadas de la reforma constitucional porteña, sostienen, ese mandato sigue incumplido.

En ese marco, la disputa por los medios públicos excede la coyuntura y se inscribe en una discusión más amplia sobre democracia y comunicación. Para la oposición, su continuidad no es un gasto sino una inversión en pluralidad, identidad y acceso a la información. Para el oficialismo, en cambio, aparecen como un área a reformular bajo criterios de eficiencia. Entre esas dos miradas se juega, una vez más, el lugar de lo público en una Ciudad donde el mercado avanza, incluso, sobre la palabra.