La jornada de protesta en las 20 departamentales expone el deterioro salarial, la crisis de infraestructura y el incumplimiento del máximo tribunal en discutir la carrera judicial.

Trabajadoras y trabajadores judiciales de toda la provincia de Buenos Aires llevaron adelante una jornada de protesta simultánea en los 20 departamentos judiciales para exigir respuestas urgentes a la Suprema Corte, a la que acusan de incumplir compromisos asumidos, no participar en instancias paritarias clave y desentenderse de problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano del sistema. El reclamo combina demandas salariales, laborales y de condiciones edilicias, en un escenario que el propio sector define como crítico.

La medida, impulsada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), incluyó asambleas, recorridas y acciones de visibilización en cada departamental, bajo consignas que sintetizan el conflicto: carrera judicial, seguridad y crisis de infraestructura. Desde el gremio denuncian que el deterioro salarial afecta a todo el escalafón, con mayor impacto en las categorías iniciales, y advierten que la falta de cobertura de vacantes y la sobrecarga laboral comprometen tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio de justicia que recibe la población.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la ausencia de la Suprema Corte en la discusión de aspectos estructurales de la carrera judicial. En la última paritaria, el máximo tribunal no participó, lo que impidió avanzar en temas que dependen exclusivamente de su órbita, como la implementación de la subcategoría para trabajadores con menor antigüedad, el pago de la permanencia en los cargos y la institucionalización de una mesa técnica que permita ordenar y jerarquizar el escalafón. Para el gremio, esta ausencia no es administrativa sino política: implica bloquear cualquier posibilidad de solución de fondo.

El pliego de reclamos también incluye la situación de jubilados y pensionados, la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad en las sedes judiciales y la urgencia de resolver una crisis de infraestructura que se arrastra desde hace años. Edificios en mal estado, oficinas colapsadas y falta de recursos materiales forman parte de un diagnóstico que, según denuncian, no encuentra respuesta institucional mientras se profundiza la precarización del trabajo judicial.

En ese marco, desde la AJB advierten que el conflicto ya no se limita a una discusión sectorial sino que impacta directamente en el funcionamiento del Poder Judicial. La combinación de salarios deteriorados, vacantes sin cubrir y condiciones laborales deficientes no solo afecta a quienes trabajan en tribunales, sino que repercute en los tiempos, la calidad y el acceso a la justicia para amplios sectores de la sociedad. La protesta, en ese sentido, busca romper el cerco institucional y trasladar el reclamo al terreno público.

La falta de respuestas de la Suprema Corte, lejos de descomprimir la situación, profundiza el conflicto. En un contexto económico adverso y con una pérdida sostenida del poder adquisitivo, los judiciales advierten que sin decisión política para abordar los reclamos estructurales, la crisis seguirá escalando. Y con ella, la tensión en un sistema que, sostienen, funciona cada vez más al límite.