El gobierno nacional vetó el ingreso de periodistas de medios críticos por una supuesta campaña extranjera de desinformación, en un ataque directo a la libertad de prensa.

El Ejecutivo de Javier Milei restringió el acceso a la Casa Rosada y al Congreso a periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, FM La Patriada, A24 y El Destape Web, alegando que habrían participado en una presunta campaña de desinformación rusa, sin presentar pruebas judiciales ni verificar pagos efectivos a los medios. La medida evidencia un ataque directo a la libertad de trabajar y a ejercer la profesión periodística de manera libre, generando alarma en gremios, asociaciones de prensa y sectores políticos.

La decisión se aplicó de manera preventiva, sin notificación formal, sin plazos definidos y con criterios arbitrarios. Mientras algunos medios mencionados en la investigación internacional continuaron con acceso normal, los periodistas acreditados de los medios críticos quedaron vetados sin explicación clara. Diana Carboni, editora de openDemocracy, reconoció que no hay forma de verificar que los pagos señalados en los documentos filtrados hayan llegado a los periodistas o medios implicados, dejando la medida del gobierno sin sustento real.

Los afectados denunciaron la censura y la arbitrariedad. Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino) y Javier Slucki (El Destape Web) calificaron la medida como un intento de silenciar la prensa crítica, y reclamaron poder ejercer su trabajo con normalidad.

En contraste, en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, cuando algunos periodistas fueron expulsados de la Casa Blanca por criticar la gestión o publicar información incómoda, el resto del cuerpo de prensa se retiró en señal de solidaridad, obligando al gobierno a responder públicamente y garantizando que no se normalizara la censura. Este gesto colectivo consolidó un principio básico del periodismo internacional: la solidaridad profesional protege la libertad de informar. Lamentablemente, en Argentina, esta misma reacción solidaria no se replicó, dejando a los periodistas vetados aislados frente a la arbitrariedad del Ejecutivo.

Organizaciones gremiales y políticas repudiaron la acción. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció un ataque a la libertad de prensa, y la Cámara de Diputados aprobó un proyecto solicitando la inmediata revocación de la prohibición, alertando que restringe derechos fundamentales y vulnera la democracia.

Más allá de las alegaciones sobre una supuesta campaña de desinformación, la censura a periodistas con acceso regular y acreditación vigente demuestra un patrón de arbitrariedad del Ejecutivo, que prioriza la discrecionalidad sobre el derecho a informar y ser informados. Defender el periodismo independiente es hoy una necesidad para sostener la democracia argentina.