La comunidad educativa redobla la presión por el financiamiento universitario y denuncia el incumplimiento de la ley mientras se profundiza el conflicto en colegios preuniversitarios.

Familias autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires confirmaron que participarán de la jornada de clases públicas convocada para el viernes 10 de abril entre las 10 y las 17 en la Plaza de Mayo, en el marco de una escalada de acciones en reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La medida se inscribe en un conflicto que ya lleva meses y que expone la falta de respuesta del gobierno nacional frente a una norma aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente, pero que continúa sin aplicación.

La convocatoria reúne a docentes, no docentes, estudiantes y familias que denuncian la falta de asignación de las partidas presupuestarias necesarias para saldar una deuda salarial que, según advierten, alcanza el 50 por ciento de los haberes desde hace más de seis meses. La situación, señalan, no solo implica un deterioro sostenido de las condiciones laborales sino que repercute directamente en el normal desarrollo de las clases, configurando un escenario de creciente tensión en todo el sistema universitario y, particularmente, en los colegios preuniversitarios que dependen de la UBA.

En ese marco, el impacto sobre los estudiantes se vuelve cada vez más visible. Miles de chicos y chicas de entre 12 y 18 años permanecen con el dictado de clases interrumpido desde el inicio del ciclo lectivo debido a las medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores de la educación ante la falta de respuestas. Lejos de fragmentar a la comunidad educativa, el conflicto comienza a consolidar una articulación más amplia, donde las familias no solo acompañan el reclamo docente sino que además impulsan iniciativas propias para visibilizar la problemática y sumar apoyo social.

El señalamiento apunta directamente a la administración de Javier Milei, a la que acusan de sostener una decisión “antidemocrática” al incumplir una ley vigente. En ese sentido, la jornada en Plaza de Mayo busca no solo visibilizar el conflicto sino también disputar el sentido del ajuste en curso, instalando la discusión sobre las prioridades del Estado y el lugar de la educación pública en ese esquema.

Las familias advirtieron que continuarán en estado de alerta y movilización hasta que se garantice el cumplimiento de la ley, la recomposición salarial y la normalización del ciclo lectivo. En la calle, con clases abiertas y una comunidad movilizada, el reclamo deja de ser sectorial para convertirse en una interpelación directa al rumbo de la política educativa nacional.