Familias, docentes y estudiantes reclamaron por el financiamiento educativo y denunciaron atrasos salariales que afectan el normal dictado de clases en todo el país.

Familias autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires participaron el 1° de abril de un semaforazo junto a docentes y estudiantes en reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y ratificada en sede judicial, pero que —según denuncian— no está siendo acatada por el Poder Ejecutivo. La protesta se inscribe en un conflicto que ya lleva semanas y que comienza a impactar de lleno en el funcionamiento del sistema educativo superior y preuniversitario.

El eje del reclamo apunta directamente al gobierno de Javier Milei, al que responsabilizan por el atraso en el pago de salarios a trabajadores docentes y no docentes, que —afirman— alcanza el 50% de los haberes desde hace más de seis meses. Esta situación no sólo deteriora las condiciones laborales, sino que además repercute de manera directa en la continuidad pedagógica, con clases interrumpidas en facultades de todo el país y en instituciones preuniversitarias donde cursan estudiantes de entre 12 y 18 años.

Según señalaron las familias, la organización del reclamo surgió como respuesta a un escenario que se agrava día a día. A más de veinte días del inicio del ciclo lectivo, las medidas de fuerza impulsadas por la docencia afectan el normal dictado de clases, en un contexto atravesado además por una creciente ola de renuncias de docentes que buscan mejores condiciones salariales frente al deterioro de sus ingresos. La protesta, en ese sentido, no sólo expresa una demanda sectorial, sino también una preocupación más amplia por el sostenimiento del sistema educativo público.

Lejos de cuestionar las medidas de fuerza, las familias manifestaron su apoyo al reclamo docente y exigieron al Gobierno nacional la transferencia inmediata de los fondos necesarios para saldar la deuda salarial y garantizar el funcionamiento regular de las universidades y colegios preuniversitarios. En el centro de la escena aparece así una tensión estructural entre el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo y el financiamiento de áreas sensibles como la educación.

El documento difundido durante la protesta también incorpora una fuerte crítica política al destino de los recursos públicos. Allí se cuestiona que, mientras se demora el pago de salarios y se paraliza el sistema educativo, se registran gastos significativos en otras áreas, incluyendo viajes y beneficios para funcionarios, lo que —según plantean— evidencia una jerarquización de prioridades que relega el derecho a la educación.

En ese marco, las familias advirtieron que el conflicto está lejos de resolverse y anticiparon que continuarán con las medidas de visibilización hasta lograr la normalización de las clases, la recomposición salarial de los trabajadores y la garantía de una educación pública de calidad. La consigna sintetiza el trasfondo del reclamo: sin presupuesto, no hay universidad ni futuro posible.