Funcionarios, legisladores y hombres del círculo íntimo del poder accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación bajo condiciones cuestionadas mientras el crédito hipotecario sigue siendo inaccesible para la mayoría de la población.

Al menos medio centenar de funcionarios del gobierno de Javier Milei, directivos de organismos públicos, legisladores de La Libertad Avanza y figuras vinculadas al oficialismo accedieron durante 2025 a créditos hipotecarios del Banco Nación por cifras que en numerosos casos superan los 400 millones de pesos, en un escenario económico donde el financiamiento para vivienda se volvió prácticamente inexistente para amplios sectores sociales. La magnitud de los montos, sumada a la heterogeneidad de los beneficiarios —que incluye desde altos cargos institucionales hasta influencers con vínculos políticos— expone un esquema de acceso diferencial a recursos estatales que contradice el discurso de austeridad y meritocracia promovido por el propio gobierno.

El caso más emblemático es el de Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, quien obtuvo un crédito por 510 millones de pesos en diciembre, posicionándose como el principal beneficiario de este circuito. La lista también incorpora situaciones difíciles de justificar bajo criterios tradicionales de evaluación crediticia, como la de Sharif Menem, de 24 años, secretario privado de Martín Menem, que accedió a 357 millones de pesos. La inclusión de perfiles sin trayectoria patrimonial consolidada refuerza las sospechas sobre la existencia de condiciones excepcionales o discrecionales en la asignación de estos préstamos.

Dentro del núcleo económico del oficialismo aparecen nombres directamente ligados al ministro Luis Caputo, lo que agrava la dimensión política del caso. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, recibió cerca de 475 millones de pesos, mientras que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, accedió a 367 millones. La proximidad de estos funcionarios a la estructura de decisión económica instala interrogantes sobre posibles conflictos de interés y sobre el uso del sistema financiero público como herramienta de beneficio interno.

El alcance del reparto también incluye al Poder Legislativo, con diputados y senadores oficialistas que accedieron a créditos millonarios en paralelo a la votación de leyes clave para el programa económico del gobierno. Entre ellos se encuentran Mariano Campero, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Virginia Gallardo y Federico Pelli, junto a los senadores Francisco Paoltroni y Bruno Olivera Lucero. La extensión del fenómeno a distintas capas del oficialismo sugiere la existencia de un patrón estructural antes que episodios aislados.

Las tensiones internas comenzaron a aflorar cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le solicitó la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que había gestionado un crédito por alrededor de 420 millones de pesos. El gesto buscó establecer un límite político en medio del escándalo, pero al mismo tiempo dejó en evidencia que el mecanismo de acceso no era desconocido dentro del propio gobierno.

La reacción opositora no se hizo esperar. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para investigar al Banco Nación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos créditos, señalando la posible existencia de “tasas a medida”, plazos de hasta 30 años y condiciones preferenciales que contrastan con las restricciones que enfrentan los ciudadanos comunes. En paralelo, la diputada Marcela Frade, de la Coalición Cívica, impulsó una denuncia penal al advertir que los montos otorgados no guardan relación con los ingresos ni con la capacidad de repago de los beneficiarios, lo que podría derivar en un esquema de mora previsible y en un perjuicio directo para el banco público.

El cuadro general revela algo más profundo que una irregularidad administrativa: expone una lógica de funcionamiento en la que el Estado, lejos de retraerse como pregona el discurso libertario, opera como soporte financiero para su propia estructura de poder. En un país donde millones de personas quedan excluidas del crédito para acceder a una vivienda, el acceso privilegiado de funcionarios y dirigentes oficialistas a préstamos millonarios no solo tensiona la credibilidad institucional, sino que reinstala una vieja práctica bajo un nuevo relato: la utilización de los recursos públicos al servicio de una minoría con poder político.