Un presidente que admira a Thatcher y negocia con Londres no puede hablar en nombre de los caídos.

Cada 2 de abril, la Argentina se detiene frente a un espejo incómodo. El aniversario del desembarco en las islas Malvinas en 1982 convoca, al mismo tiempo, el orgullo por una causa justa, la vergüenza por una guerra decidida por una dictadura genocida, el dolor de 649 muertos y más de 400 suicidios de veteranos, y la pregunta que nunca cierra: ¿qué hicimos con todo eso?

La deuda con los veteranos es la más concreta y la más escandalosa. Décadas de pensiones insuficientes, de salud mental abandonada, de reconocimiento tardío y ceremonial. El Estado argentino mandó pibes de 18 años a pelear contra una potencia de la OTAN, mal armados, peor alimentados, muchas veces maltratados por sus propios superiores, y los recibió de vuelta con silencio. Los números del suicidio entre excombatientes no son una estadística: son la continuación de la guerra por otros medios, la guerra que el Estado nunca terminó de librar a favor de los que combatieron.

Este año el aniversario tiene un sabor especialmente amargo. Javier Milei ha confesado públicamente su admiración por Margaret Thatcher. La misma Thatcher que ordenó hundir el Crucero General Belgrano cuando navegaba fuera de la zona de exclusión y con rumbo de alejamiento, matando a 323 argentinos en el acto más brutal de la guerra. La misma que convirtió la reconquista de las Malvinas en el trampolín de su propia supervivencia política. Admirar a Thatcher no es una posición filosófica abstracta: es tomar partido, explícitamente, por quien mató a soldados argentinos. Que ese hombre conduzca los actos del 2 de abril es una provocación que el país parece haber naturalizado con demasiada facilidad.

Pero la traición no es solo simbólica. Hay una dimensión económica y geopolítica que los discursos del aniversario suelen eludir con comodidad: lo que Inglaterra usufructúa en las islas no son solo piedras en el Atlántico Sur. Son recursos. La zona económica exclusiva que el Reino Unido administra unilateralmente alrededor de Malvinas contiene reservas de hidrocarburos cuya magnitud todavía no está del todo relevada, pero que las propias empresas británicas han estimado en miles de millones de barriles. A eso se suma una de las pesquerías más ricas del Atlántico Sur: el calamar illex, la merluza, la centolla. Licencias de pesca que Londres otorga, cobra y administra sobre aguas que pertenecen a la Argentina por geografía, historia y derecho internacional. Cada vez que un barco pesca en esas aguas con licencia británica, Argentina pierde recursos que son suyos. Eso ocurre todos los días, no solo el 2 de abril.

Frente a eso, el gobierno de Milei eligió la alineación total con Londres. No es retórica: es una decisión política con consecuencias materiales sobre la negociación soberana. Cuando la Casa Rosada prioriza el vínculo con el Reino Unido en clave de inversiones y alineamiento geopolítico, el reclamo por Malvinas —los hidrocarburos, la pesca, la soberanía— queda reducido a un formulismo diplomático que nadie toma en serio en el Palacio San Martín. Se puede ir al acto, leer el discurso, poner cara de circunstancias. Pero negociar de verdad implicaría incomodar a un aliado que Milei decidió no incomodar jamás.

Entonces Malvinas, hoy, es todo eso junto. Es la deuda impaga con los que fueron y volvieron rotos. Es la memoria de los que no volvieron, administrada con hipocresía. Es la soberanía reclamada en los discursos y resignada en los hechos. Son los recursos naturales que nos pertenecen y que otro explota mientras nosotros hacemos actos. Es la identidad nacional invocada por un gobierno que desprecia todo lo que esa identidad construyó: el Estado, los derechos, la industria, la soberanía económica.

Un presidente que admira a la mujer que ordenó matar a nuestros soldados, que abraza a quien nos derrotó en el Atlántico Sur y que mira hacia otro lado mientras Inglaterra cobra regalías sobre nuestro mar y nuestro petróleo, no puede hablar en nombre de los caídos. Puede hacer el acto. Pero representar a Malvinas requiere algo que esta administración decidió abandonar desde el primer día: la convicción de que la Argentina es un proyecto colectivo que vale la pena defender, incluso cuando eso incomoda a los poderosos.