La justicia frenó la reforma laboral de milei

La Justicia Nacional del Trabajo dio un golpe al corazón de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. A través de una medida cautelar dictada en el marco de la presentación judicial encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el fuero del trabajo ordenó la suspensión de 82 artículos de la norma que el oficialismo bautizó como "Ley de Modernización Laboral", pero que los sindicatos llaman por su nombre: un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.

El fallo tiene un doble alcance político y jurídico. Por un lado, reconoce la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de la clase trabajadora —formales, informales, activos y pasivos— en el marco de un caso colectivo de alcance nacional. Es, en términos prácticos, un reconocimiento a la central como interlocutora válida frente a una ley que afecta a millones de personas. Por otro, la sentencia advierte que las disposiciones impugnadas podrían afectar de manera inmediata derechos fundamentales: la tutela del trabajo, la negociación colectiva, el derecho de huelga y la organización sindical.

Para la CGT, no se trata de una victoria parcial. En el comunicado emitido por el Consejo Directivo Nacional el 30 de marzo, la central obrera celebró la decisión judicial como "un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado" y ratificó su compromiso de continuar la disputa en todos los ámbitos institucionales.

La reforma, sancionada bajo el argumento de modernizar el mercado laboral, había sido cuestionada desde su origen por los sectores sindicales. La CGT argumentó ante la Justicia que la norma implica una reducción del ámbito de protección laboral, una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical que vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de Derechos Humanos y laborales.

La medida cautelar no resuelve el fondo de la cuestión —eso quedará para el proceso principal— pero sienta un precedente de peso: los jueces consideraron que hay mérito suficiente para suspender la aplicación de esos artículos mientras se debate su constitucionalidad. En otras palabras, el Poder Judicial le puso un límite al Poder Ejecutivo en uno de los capítulos más sensibles de la agenda desreguladora de La Libertad Avanza.

"La libertad por sí sola no produce justicia social", señala el comunicado de la central obrera, en una frase que condensa la disputa de fondo: la tensión entre el dogma libertario que guía al gobierno y la tradición del constitucionalismo social argentino, que desde 1949 —y de manera más consolidada desde 1994— reconoce el trabajo como un derecho que el Estado tiene obligación de proteger.

La batalla judicial está lejos de terminar. Pero el movimiento sindical logró, al menos por ahora, que la Justicia ponga el freno que el Congreso no quiso poner.