El diputado y abogado Juan Grabois presentó formalmente el pedido ante la Justicia federal. La presentación se basa en pericias informáticas, registros financieros y documentación que, según la querella, reconstruyen un plan delictivo en tres fases: planificación, concreción y encubrimiento.

La querella encabezada por el diputado nacional y abogado Juan Grabois presentó formalmente ante la Justicia federal un pedido de citación a declaración indagatoria contra el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros siete imputados en la causa que investiga la presunta maniobra fraudulenta vinculada al criptoactivo $LIBRA. El escrito judicial solicita que se cite a prestar declaración a Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Pía Novelli, María Alicia Rafaele, Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco, en el marco de una investigación que examina posibles delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El pedido se fundamenta en nuevos elementos probatorios surgidos de pericias oficiales y del análisis del material incorporado al expediente a lo largo de más de un año de instrucción. Según la presentación, ese material permite reconstruir lo que la querella describe como un plan delictivo en tres fases: su planificación y negociación, su concreción, y el intento sistemático de encubrimiento. "En algo más de un año de trámite del expediente, todo este tipo de prueba ya está incorporada a la causa. Los implicados, incluyendo a los propios funcionarios públicos, dejaron todas sus huellas extraordinariamente visibles", sostiene el escrito.

La querella recuerda además el estándar jurídico que rige para avanzar con las indagatorias, un punto central para entender el alcance procesal del pedido: la citación a indagatoria no exige prueba plena ni certeza definitiva. Constituye el acto procesal destinado a garantizar el derecho de defensa frente a los indicios que vinculan a una persona con el hecho investigado. En otros términos, la indagatoria no es una condena ni una imputación definitiva. Es el mecanismo por el cual la Justicia le da a los investigados la posibilidad de explicar su conducta. Que el presidente de la Nación y su hermana deban someterse a ese mecanismo es, en sí mismo, un dato político de enorme gravedad institucional.

El caso $LIBRA estalló en febrero de 2025 cuando el propio Milei promovió desde su cuenta oficial de X el lanzamiento del criptoactivo, cuyo valor se disparó y luego se desplomó en cuestión de horas dejando pérdidas millonarias a miles de inversores en todo el mundo. La causa investiga si esa promoción presidencial formó parte de una operatoria coordinada para beneficiar a un grupo de operadores con información privilegiada mientras el resto de los inversores perdía su dinero. Las pericias informáticas y los registros financieros incorporados al expediente son los que, según la querella, permiten sostener hoy ese vínculo con suficiente solidez como para avanzar hacia la indagatoria.

Grabois fue directo en su comunicación pública: "Sobran los elementos para que tengan que dar explicaciones. Esperamos que el Poder Judicial actúe con celeridad como corresponde". La última frase no es retórica. En un Poder Judicial cuya reconfiguración el gobierno viene impulsando desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, la pregunta sobre si los jueces actuarán con la misma celeridad que aplican en otras causas tiene una respuesta que todavía está por escribirse.