Integrantes del Convoy Nuestra América permanecen incomunicados en Panamá y Miami. Organizaciones denuncian arbitrariedad y exigen su liberación inmediata.

La detención e incomunicación de integrantes del Convoy Nuestra América en aeropuertos de Panamá y Miami encendió una señal de alarma en organizaciones políticas y de derechos humanos del continente, que denuncian un avance represivo contra las redes de solidaridad internacional con Cuba. El episodio, lejos de tratarse de un hecho aislado, es leído como parte de una estrategia más amplia de disciplinamiento político que busca criminalizar la cooperación entre pueblos y desalentar la articulación de movimientos sociales en clave latinoamericana.

El pronunciamiento de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas fue contundente: denunció la “arbitrariedad” de las autoridades aeroportuarias y reclamó la inmediata liberación de los detenidos, entre ellos Thiago Ávila —retenido en Panamá en condición de incomunicación— y los activistas Chris Smalls y Katie Halper, demorados en territorio estadounidense. Según señalaron, no solo se trata de una vulneración de derechos individuales básicos, sino de un intento deliberado por instalar un clima de persecución sobre quienes sostienen la histórica tradición de solidaridad con la isla.

La gravedad del hecho radica en el contexto en el que ocurre. En un escenario regional marcado por el endurecimiento de políticas migratorias, el alineamiento con la agenda geopolítica de Estados Unidos y el debilitamiento de instancias de integración soberana, las acciones contra el Convoy Nuestra América adquieren una dimensión política evidente. La solidaridad internacional, lejos de ser un delito, constituye un derecho reconocido y una práctica profundamente arraigada en la historia de los pueblos latinoamericanos, especialmente en relación con Cuba, que ha sido durante décadas objeto de bloqueo y hostigamiento sistemático.

Desde la Red, además, hicieron un llamado urgente a organizaciones sociales, fuerzas políticas, juristas y parlamentarios a mantenerse en estado de alerta frente a estos episodios, que consideran parte de un “avasallamiento” del derecho a ejercer la solidaridad sin persecución. El mensaje apunta especialmente a las juventudes, señaladas como protagonistas de una nueva etapa de articulación continental que incomoda a los sectores que buscan consolidar un orden regional subordinado.

El trasfondo de estas detenciones no puede disociarse del clima político internacional, donde las prácticas de vigilancia, control y restricción de libertades adquieren cada vez mayor legitimidad bajo el pretexto de la seguridad. En ese marco, la criminalización de activistas y referentes sociales funciona como un mecanismo de disciplinamiento que intenta cortar los lazos de cooperación y frenar la construcción de alternativas políticas desde abajo.

Mientras continúan las gestiones para lograr la liberación de los detenidos, las organizaciones insisten en que el silencio no es una opción. La solidaridad, advierten, no solo está siendo puesta a prueba, sino también atacada como principio. Y en ese escenario, la respuesta colectiva aparece como el único camino posible frente a una ofensiva que busca aislar, fragmentar y debilitar los vínculos entre los pueblos del continente.