Más de un millón de personas desbordaron la Avenida de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada nacional marcada por el rechazo a las políticas de ajuste y la reivindicación de los 30 mil desaparecidos ante las provocaciones del Ejecutivo.

La conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia alcanzó este martes 24 de marzo de 2026 una dimensión política y social sin precedentes en las últimas décadas. En un escenario de abierta confrontación discursiva con el Gobierno nacional, que a través de sus canales oficiales volvió a relativizar el genocidio y a promover la teoría de los dos demonios, la respuesta popular fue contundente: solo en la Capital Federal, una marea humana que superó el millón de manifestantes unió el Congreso con la Plaza de Mayo bajo la consigna irrenunciable de "Son 30 mil y que nos digan dónde están". Este reclamo, lejos de ser un ejercicio de nostalgia, se transformó en el documento unificado de los organismos de Derechos Humanos en una denuncia urgente sobre el presente, vinculando la desaparición forzada con la impunidad que aún rodea el destino de los nietos apropiados y la identidad de cientos de víctimas identificadas recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El despliegue territorial de la movilización reflejó un malestar que excede los límites de la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, cerca de 200 mil personas protagonizaron la marcha más numerosa que se recuerde en la provincia, mientras que en Mendoza más de 50 mil ciudadanos marcharon hacia la Casa de Gobierno para repudiar tanto el negacionismo nacional como las políticas de ajuste locales. En Santa Fe, Entre Ríos y el Chaco, las plazas resultaron insuficientes para contener a una multitud compuesta mayoritariamente por familias y jóvenes, un fenómeno que la Madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, definió como el "recambio generacional" necesario para sostener las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Los documentos leídos en cada capital provincial coincidieron en un punto neurálgico: la "miseria planificada" que Martínez de Hoz ejecutó durante la dictadura guarda una simetría alarmante con el actual programa económico de la ultra derecha, basado en la apertura indiscriminada, el atraso cambiario y el retroceso industrial.

La tensión política de la jornada también se trasladó al plano institucional y judicial. Mientras la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludaba a la militancia desde su balcón bajo arresto domiciliario, el gobernador Axel Kicillof y referentes de la CGT marcaban en la Plaza de Mayo la frontera ética entre la defensa de la democracia y los discursos oficiales que reivindican el terrorismo de Estado. Los organismos de Derechos Humanos alertaron sobre la situación de los genocidas, denunciando que el 84% de los condenados goza hoy del beneficio de la prisión domiciliaria, transformando las penas en una formalidad sin cumplimiento efectivo en cárceles comunes. Esta situación, sumada al desmantelamiento de los sitios de memoria y el desfinanciamiento de las políticas de reparación, configura un cuadro de retroceso en materia de Derechos Humanos que ha puesto a la Argentina bajo la observación de la Unión Europea, cuyos embajadores rindieron homenaje a las víctimas en el Parque de la Memoria ante la ausencia total de funcionarios del gabinete de Javier Milei.

El cierre de la jornada dejó un mensaje de resistencia que trasciende lo simbólico. Las voces de los diputados de la oposición y de los referentes sindicales subrayaron que la masividad de las marchas constituye un límite social a cualquier intento de indulto o de flexibilización de las condenas por delitos de lesa humanidad. Frente a un video oficial que buscó "completar" la memoria con sesgos revisionistas, la calle ratificó que el consenso de 1983 sigue siendo la piedra angular de la sociedad argentina. La memoria, como herramienta política de los sectores populares, se posicionó ayer no solo como un acto de justicia hacia el pasado, sino como el motor principal para enfrentar un modelo que, en palabras de los manifestantes, apuesta a la deshumanización y al vaciamiento de las instituciones democráticas para imponer un esquema de exclusión y entrega de la soberanía nacional.