A 50 años del golpe, expertos en derechos humanos alertaron sobre retrocesos “alarmantes” en la Argentina y recordaron que el Estado está obligado a garantizar memoria, verdad y justicia. También rechazaron de plano cualquier intento de indultar a genocidas.

A cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial, la Argentina vuelve a ser interpelada por la comunidad internacional, pero ya no como ejemplo sino como advertencia. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas señalaron que las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei están generando “alarmantes retrocesos” en materia de memoria, verdad y justicia, y recordaron con precisión jurídica que el cumplimiento de esas obligaciones “no es opcional”. El pronunciamiento, emitido desde Ginebra en la antesala del 24 de marzo, constituye la séptima comunicación formal dirigida al Estado argentino desde 2024 y expone una creciente preocupación por el rumbo adoptado.

El comunicado lleva la firma de Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, junto a integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de expertos independientes que actúan a título personal, sin representar a gobiernos ni recibir salario, y cuya autoridad emana exclusivamente del derecho internacional. Desde ese lugar, advirtieron que las medidas adoptadas en el país amenazan con socavar cuatro décadas de avances que habían convertido a la Argentina en un referente global en justicia transicional.

Ese recorrido no fue menor ni automático. Desde el retorno democrático en 1983, el país construyó un entramado institucional y judicial único, con hitos como la CONADEP, el Juicio a las Juntas, la condena de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad, el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, la restitución de identidades a hijos de desaparecidos y la creación de sitios de memoria en todo el territorio. Ese legado, construido a lo largo de décadas de lucha, es el que hoy —según los expertos— está siendo desmantelado de manera sistemática.

Las advertencias no son abstractas. Las comunicaciones enviadas desde 2024 detallan decisiones concretas que afectan directamente la capacidad del Estado para investigar y sancionar los crímenes del terrorismo de Estado. La reducción del rol estatal en la promoción de investigaciones penales, las trabas en el acceso a archivos de la dictadura, el desmantelamiento de equipos técnicos, el debilitamiento de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y el vaciamiento de organismos clave configuran un escenario que, lejos de ser un ajuste administrativo, impacta en el corazón mismo del proceso de justicia. No son recortes neutros: son decisiones que debilitan los mecanismos que permiten juzgar los delitos más graves de la historia argentina.

A ese cuadro se suma otro elemento que los expertos consideran particularmente grave: el avance de discursos negacionistas desde ámbitos oficiales. Las expresiones que relativizan el terrorismo de Estado, las descalificaciones a organismos de derechos humanos y los intentos de reescribir el pasado con narrativas revisionistas no solo erosionan el consenso democrático, sino que constituyen, según remarcaron, una forma de violación a los derechos humanos. En ese sentido, instaron a las autoridades a abstenerse de difundir desinformación o discursos de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas.

El punto más contundente del pronunciamiento aparece frente a los rumores sobre un posible indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Allí, la respuesta es categórica: los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas imperativas del derecho internacional. No se trata de una facultad política discutible, sino de una prohibición jurídica que obliga al Estado argentino a investigar, juzgar y sancionar sin excepciones. Cualquier intento de avanzar en ese sentido implicaría un grave retroceso en la rendición de cuentas y una violación de compromisos internacionales asumidos por el país.

Frente a este escenario, los expertos reclamaron la restitución inmediata de las políticas e instituciones desmanteladas y recordaron que el Estado tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición. No depende de la voluntad de un gobierno ni de su orientación ideológica: es un deber jurídico que atraviesa a toda la estructura estatal. Por eso, insistieron, no es opcional.

Durante décadas, la Argentina avanzó —con tensiones y retrocesos— en la construcción de un modelo basado en la memoria activa y la sanción a los responsables del terrorismo de Estado. Ese proceso no fue una concesión del poder, sino el resultado de la lucha persistente de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y miles de sobrevivientes que transformaron la memoria en prueba judicial y la prueba en condena. Ese legado, hoy en disputa, es el que la comunidad internacional vuelve a señalar para advertir que no hay margen para retroceder.

A medio siglo del golpe, la advertencia de Naciones Unidas es tan clara como incómoda: desandar el camino de la memoria, la verdad y la justicia no es una decisión política más. Es, lisa y llanamente, una violación de los derechos humanos. Y en esa definición no solo se juega el pasado, sino el tipo de democracia que la Argentina está dispuesta a sostener.