Medio siglo después del golpe, las huellas del proyecto económico de la dictadura siguen presentes en la Argentina, mientras resurgen discursos negacionistas que buscan relativizar el horror y legitimar un orden social profundamente desigual.

A cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial del 24 de marzo de 1976, la Argentina no solo vuelve a interrogar su pasado sino, sobre todo, su presente. Porque lo que se instauró aquel día no fue únicamente un régimen de terror destinado a disciplinar a la sociedad mediante la desaparición forzada de personas, la tortura sistemática y el exterminio planificado, sino también un programa económico de reconfiguración estructural que desmanteló el entramado productivo, destruyó derechos laborales y consolidó una matriz de concentración de la riqueza que aún hoy condiciona la vida cotidiana de millones. Recordar no es un ejercicio nostálgico ni ritual, sino una herramienta política imprescindible para comprender por qué la Argentina sigue discutiendo, medio siglo después, las mismas tensiones entre inclusión y exclusión, entre democracia real y poder económico concentrado.

Ese modelo no nació en abstracto ni fue improvisado por uniformados. Fue diseñado, promovido y ejecutado con la participación activa de sectores empresariales, financieros y civiles que encontraron en el terrorismo de Estado la condición necesaria para imponer reformas que en democracia hubieran resultado socialmente inaceptables. La apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento externo como mecanismo de dependencia, la desindustrialización y la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados constituyeron los pilares de un esquema que no desapareció con la recuperación democrática en 1983, sino que se reconfiguró y profundizó en distintas etapas, adoptando nuevas formas pero conservando su lógica central: pocos ganan mucho, muchos pierden casi todo.

En ese sentido, la discusión sobre la memoria no puede escindirse de la discusión sobre el presente. Porque cuando se observan políticas que vuelven a promover la desregulación absoluta, la destrucción del Estado como herramienta de equilibrio social y la subordinación de la economía nacional a intereses externos, no se trata de una coincidencia histórica ni de un mero cambio de orientación ideológica, sino de la persistencia de un mismo proyecto de país. Un proyecto que concibe a la sociedad como un mercado, a los derechos como privilegios y a la política como un obstáculo a remover. Aquel experimento iniciado en 1976 no terminó: mutó, se recicló, encontró nuevas legitimidades y nuevos voceros, pero nunca dejó de operar.

Es en este contexto donde los discursos negacionistas adquieren una centralidad preocupante. Ya no se trata únicamente de voces marginales que relativizan el número de desaparecidos o cuestionan la existencia de un plan sistemático de exterminio, sino de una narrativa más sofisticada que busca despolitizar el pasado, vaciar de contenido el concepto de terrorismo de Estado y equiparar responsabilidades para diluir la gravedad de los crímenes cometidos. Esta operación no es inocente: al negar o relativizar el horror, se intenta también deslegitimar las conquistas democráticas construidas en base a la memoria, la verdad y la justicia, y abrir paso a una restauración de valores autoritarios bajo el ropaje de la “libertad”.

Combatir el negacionismo, entonces, no es solo una tarea moral o histórica, sino profundamente política. Implica disputar el sentido común en una sociedad atravesada por la frustración, el desencanto y la incertidumbre, donde las promesas incumplidas de la democracia pueden ser instrumentalizadas para justificar salidas regresivas. Implica también reconstruir un relato que vincule de manera clara e irrefutable el terrorismo de Estado con el modelo económico que lo sustentó, desmontando la idea de que la dictadura fue un exceso o un desvío, cuando en realidad fue una herramienta funcional a intereses concretos.

A cincuenta años, la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no puede reducirse a una evocación del pasado. Debe ser, más que nunca, una guía para la acción en el presente. Porque mientras subsistan las condiciones estructurales de desigualdad, exclusión y concentración que aquel golpe vino a consolidar, la democracia seguirá siendo incompleta y vulnerable. Y porque cada intento de negar lo ocurrido no es solo una ofensa a las víctimas, sino una advertencia sobre los riesgos de repetir la historia bajo nuevas formas.

La Argentina que conmemora este nuevo 24 de marzo está atravesada por esas tensiones. Entre quienes sostienen que el camino es más mercado y menos Estado, aunque eso implique mayor desigualdad, y quienes entienden que sin justicia social no hay libertad posible. Entre quienes buscan cerrar la historia para avanzar sin conflictos, y quienes saben que sin memoria no hay futuro. En esa disputa, la palabra, el análisis y el compromiso periodístico no son neutrales: son parte de la construcción de una sociedad que elige no olvidar para no volver a caer.

Porque si algo enseñan estos cincuenta años es que los proyectos de país no desaparecen: se transforman, se ocultan o se explicitan según las condiciones históricas. Y frente a eso, la única garantía de que el horror no se repita es una sociedad activa, consciente y organizada, capaz de identificar los hilos que conectan pasado y presente. La memoria, en definitiva, no es solo un acto de justicia: es un acto de defensa propia.