La propuesta de aumento salarial es rechazada por los gremios, que exigen una mejora sustancial para enfrentar la precarización de la educación pública.

El 5 de marzo se llevará a cabo un paro docente nacional en respuesta al rechazo de los gremios a la última propuesta salarial del gobierno. El aumento de $500.000 para el salario mínimo docente fue considerado insuficiente por los sindicatos, quienes señalan que la oferta no refleja las necesidades reales de los trabajadores de la educación. El aumento de $80.000, que eleva el salario base de $420.000 a $500.000, se percibe como un parche ante la creciente inflación y la precarización laboral que atraviesa el sector.

El gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, justificó la propuesta en un intento por aliviar la carga económica de los docentes. Sin embargo, desde los gremios argumentan que esta medida no solo es insuficiente, sino que también ignoran las profundas desigualdades salariales entre las distintas provincias, que complican aún más la situación de los trabajadores de la educación. La propuesta no logra siquiera cubrir la inflación acumulada ni las necesidades básicas de los maestros, que, a pesar de ser responsables de la formación de las futuras generaciones, siguen enfrentando un contexto económico cada vez más incierto.

Desde el gobierno se ha intentado presentar el paro como un conflicto político, asegurando que las paritarias son un ámbito provincial, y que las medidas de fuerza perjudican a los estudiantes y sus familias. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta interpretación, destacando que su lucha no tiene un tinte político, sino que responde a un reclamo legítimo por mejores condiciones laborales y salariales. La falta de respuesta concreta a las demandas históricas del sector ha sido uno de los principales factores que mantiene el conflicto abierto. Para los gremios, el salario docente no solo debe ser reajustado, sino que deben reinstaurarse medidas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado al inicio de la gestión del presidente, y que era fundamental para equilibrar las disparidades salariales entre las distintas provincias.

La eliminación del FONID ha agudizado las desigualdades, dejando a muchos docentes con ingresos significativamente inferiores a los de sus colegas en otras provincias. La vuelta del fondo es una de las principales demandas de los sindicatos, ya que permite garantizar un piso mínimo para todos los maestros, independientemente de la jurisdicción en la que trabajan. En este contexto, el paro es visto como una medida de fuerza necesaria ante la falta de compromiso real por parte del gobierno para resolver estas cuestiones.

Las provincias más afectadas por el paro incluyen Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, donde los docentes han decidido suspender las clases. La medida no es aislada, sino que refleja un panorama de desconfianza creciente entre los trabajadores de la educación y las autoridades nacionales. A pesar de los esfuerzos de diálogo por parte del gobierno, la oferta sigue sin ser satisfactoria, lo que provoca un malestar generalizado en el sector.

Este nuevo paro es una muestra clara de la desconexión del gobierno con la realidad educativa. Las medidas que se han implementado hasta ahora son insuficientes y no abordan de manera integral la crisis que atraviesa la educación pública. Los docentes, que enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias, ven en esta huelga una forma de visibilizar la situación que atraviesan, y no solo como un reclamo salarial, sino también como una demanda de dignificación de su trabajo.

El conflicto, lejos de ser resuelto, se profundiza con cada intento fallido de acuerdo. En lugar de avanzar en soluciones concretas, el gobierno opta por medidas parciales que no resuelvan los problemas estructurales. Mientras tanto, los estudiantes, que son los más afectados por el paro, se encuentran atrapados en un conflicto que no tiene.