A horas del 24 de marzo, el 50° aniversario del golpe encuentra a los organismos de derechos humanos en la calle y a un gobierno que tensiona, recorta y reabre debates que parecían saldados.

A pocas horas de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, la Argentina vuelve a exhibir una postal conocida pero con un componente novedoso: la memoria ya no es solo ejercicio colectivo sino territorio de disputa política abierta, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha decidido correrse de los consensos construidos durante décadas y habilitar, de manera explícita o implícita, discursos que relativizan el terrorismo de Estado.

Las movilizaciones convocadas por organismos históricos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo prometen una masividad que no solo remite a la memoria sino también a la reacción frente a un presente que interpela. La calle vuelve a ser escenario de una disputa simbólica que ya no se limita al pasado sino que se proyecta sobre el sentido mismo de la democracia, en un clima donde la palabra “memoria” dejó de ser patrimonio común para transformarse en un campo de batalla.

En ese marco, la reconfiguración del discurso oficial no es un dato menor. Desde distintos sectores del oficialismo y su periferia mediática se han instalado lecturas que buscan equiparar responsabilidades o directamente cuestionar el consenso en torno al terrorismo de Estado, una operación que, lejos de ser marginal, se inscribe en una estrategia más amplia de revisión histórica funcional a un proyecto político que cuestiona el rol del Estado y las políticas de derechos humanos como pilares de la democracia argentina.

Pero la disputa no es únicamente discursiva. El ajuste sobre áreas sensibles vinculadas a derechos humanos, la desarticulación de programas de memoria y el vaciamiento de espacios institucionales construidos a lo largo de décadas configuran un escenario donde la política pública acompaña, y en muchos casos profundiza, esa narrativa. La memoria, en este sentido, ya no solo se defiende en actos y consignas sino también frente a decisiones concretas que impactan en su preservación y transmisión.

En paralelo, el crecimiento de expresiones negacionistas, amplificadas por redes sociales y algunos sectores de la dirigencia política, reabre heridas que parecían cicatrizadas. No se trata solo de discursos marginales sino de una circulación cada vez más legitimada que interpela especialmente a las nuevas generaciones, en un contexto donde la batalla cultural adquiere una centralidad ineludible. La pregunta ya no es únicamente qué pasó en 1976, sino cómo se construye hoy el sentido de aquello que pasó.

Frente a ese escenario, la respuesta de los organismos y de amplios sectores de la sociedad se mantiene firme en una consigna que atraviesa generaciones: memoria, verdad y justicia. Pero esa tríada, que durante años funcionó como base de un consenso democrático amplio, hoy vuelve a tensionarse frente a un poder político que no la reconoce como propia. En esa tensión se juega algo más que una conmemoración: se define el lugar de la historia en el presente y el horizonte mismo de la democracia argentina.