La convocatoria se convirtio en la audiencia publica mas masiva de la historia argentina. La Libertad Avanza respondio limitando las exposiciones y dando prioridad a los primeros inscriptos de cada provincia.

Unas 85 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias publicas por la reforma de la Ley de Glaciares en la Camara de Diputados, una convocatoria que el presidente de la Asociacion Argentina de Abogados Ambientalistas califico como la mas masiva de la historia argentina y posiblemente del mundo. La respuesta del oficialismo fue proporcional a la magnitud de la movilizacion ciudadana: La Libertad Avanza definio que solo 180 de los 85 mil inscriptos podran exponer, con turnos de 5 minutos, en tandas de 40 personas durante el miercoles y el jueves.

La desproporcion entre la demanda de participacion y los espacios habilitados no es un problema logistico. Es una decision politica. El gobierno que llego al poder proclamando la libertad como valor supremo limito a 180 personas la posibilidad de expresarse en una audiencia publica sobre una ley que afecta los recursos de agua dulce de todo el pais. Hubo una subestimacion muy grande, decian metamoslo total quien se va a quejar. Pensaron que se iban a anotar 200 o 300, explico el titular de la Asociacion de Abogados Ambientalistas en AM750. La realidad los desbordo por 85 mil personas.

La reforma de la Ley de Glaciares que el gobierno impulsa tiene un destinatario concreto aunque el oficialismo prefiera no nombrarlo: la mineria a gran escala en zonas de alta montana, donde los glaciares funcionan como reservorios de agua dulce para millones de personas y para la produccion agricola de regiones enteras. Flexibilizar la proteccion de esos glaciares no es una modernizacion normativa. Es una apertura deliberada a actividades extractivas que la ley vigente prohibe expresamente porque ponen en riesgo recursos que, una vez destruidos, no se recuperan.

Frente a la maniobra oficialista de restringir la participacion, Greenpeace y organizaciones ambientales presentaron una medida cautelar para garantizar que la audiencia publica cumpla con los estandares minimos de participacion ciudadana que la propia Constitucion Nacional y los tratados internacionales exigen. En Mendoza, la oposicion presento cuatro proyectos de ley para proteger el agua y frenar la reforma, advirtiendo que el paquete normativo impulsado por el gobierno busca tambien legalizar la criminalizacion de la protesta ambiental.