El artículo 36 de la Ley 27.802 habilita a las entidades financieras a cobrar cuotas de créditos personales directamente del salario, una facultad que hasta ahora estaba reservada exclusivamente a las mutuales sindicales.

El gobierno de Javier Milei incluyó en la reforma laboral una disposición que pasó casi inadvertida en el debate público pero que tiene consecuencias directas sobre el bolsillo de los trabajadores: el artículo 36 de la Ley 27.802 habilita a los bancos a descontar las cuotas de créditos personales directamente del salario, sin necesidad de que el trabajador autorice cada débito de manera individual. Una facultad que hasta ahora el sistema financiero no tenía y que el gobierno entrega en el mismo paquete legislativo con el que debilitó la negociación colectiva y flexibilizó las condiciones de despido.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida con el argumento de que permitirá ampliar la oferta de crédito y reducir las tasas de interés. El razonamiento tiene una lógica financiera que no contempla el costado laboral del problema: un trabajador cuyo salario ya está comprometido por el descuento directo de una cuota bancaria tiene menos capacidad de negociación frente a su empleador, menos margen para sostener una huelga y menos autonomía para administrar su propio ingreso. La reforma laboral no solo flexibiliza el mercado de trabajo. También flexibiliza la relación entre el trabajador y su salario.

El contexto en que se implementa esta medida agrava su impacto. La morosidad bancaria en la Argentina se duplicó en el último año. El incumplimiento en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanza el 10%, supera el 20% en billeteras virtuales y llega al 9,3% en créditos a familias. Los cheques rechazados sin fondos se triplicaron. En ese escenario, habilitar el descuento directo del salario no es una herramienta para facilitar el acceso al crédito. Es una garantía de cobro para el sistema financiero en un momento en que la capacidad de pago de los trabajadores se deteriora aceleradamente.

La medida se suma a un conjunto de transformaciones que la reforma laboral introduce en las relaciones entre el capital financiero y el trabajo. Hasta ahora, el descuento por nómina estaba reservado a las mutuales sindicales, organismos que los propios trabajadores construyeron como herramienta de financiamiento colectivo. Extender esa facultad a los bancos privados no es una modernización: es una transferencia de poder desde las organizaciones de los trabajadores hacia las entidades financieras, coherente con la orientación general de una reforma que este gobierno diseñó del lado del capital.