La norma, registrada como Ley 27.801, entrará en vigencia plena en septiembre. Las provincias deberán adecuar sus códigos procesales y crear juzgados especializados para aplicarla.

El gobierno de Javier Milei promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que habilita la privación de libertad de menores a partir de los 14 años y que entrará en vigencia plena alrededor del 5 de septiembre. La norma modifica de manera estructural el sistema de responsabilidad penal juvenil vigente en la Argentina y se convierte en ley en el mismo momento en que este gobierno desfinancia la educación pública, precariza el empleo de las familias trabajadoras y desmantela los programas sociales que sostenían a los sectores más vulnerables. El Estado achica sus responsabilidades sociales y amplía sus facultades punitivas. La secuencia no es casual.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que integra el bloque constitucional argentino desde 1994, establece que la privación de libertad de menores debe ser una medida de último recurso y por el período más breve posible. La nueva ley invierte esa lógica: convierte la reclusión en una respuesta punitiva para adolescentes que el propio sistema del Estado viene expulsando sistemáticamente. Un pibe que no tiene escuela, que no tiene trabajo, que no tiene red de contención, ahora tiene cárcel. Esa es la política de seguridad que este gobierno eligió.

La implementación no será inmediata ni uniforme. Durante el período de transición, las provincias deberán adecuar sus códigos procesales y crear juzgados especializados en menores. La ley no fija plazos obligatorios para la adhesión provincial, lo que abre la posibilidad de una aplicación desigual según la jurisdicción. En la práctica, un menor de 14 años puede quedar expuesto a la privación de libertad de manera diferente dependiendo de la provincia en que viva, profundizando una desigualdad estructural que el sistema judicial argentino ya tiene incorporada como marca de origen.

Los especialistas en derecho penal juvenil advierten que la evidencia comparada no respalda la premisa de que bajar la edad de imputabilidad mejora los indicadores de seguridad. Los países que transitaron ese camino no registraron reducciones sostenidas en los delitos sino un incremento de la población carcelaria juvenil y un aumento de la reincidencia entre quienes atravesaron el sistema penitenciario a edades tempranas. El círculo que esta ley propone cerrar con una llave penal es el mismo que las políticas sociales de este gobierno se encargaron de abrir.

La norma fue impulsada por el oficialismo como respuesta a la demanda social de seguridad. Es una respuesta que criminaliza la pobreza, ignora la evidencia y descarga sobre los más jóvenes el costo de un modelo que los excluyó antes de perseguirlos.