El secretario general del gremio calificó la oferta como "inaceptable después de meses de congelamiento salarial". La Unión del Personal Civil de la Nación la aceptó, profundizando la fractura en el movimiento de trabajadores estatales.

La Asociación de Trabajadores del Estado rechazó la propuesta salarial que el gobierno de Javier Milei presentó en la paritaria de la administración pública nacional: una suba acumulativa del 7,5% distribuida en seis tramos mensuales entre junio y noviembre, complementada con sumas fijas no remunerativas y no bonificables de entre 20 y 25 mil pesos por mes. Una propuesta que no recupera lo perdido, no anticipa lo que viene y consolida el empobrecimiento sistemático de los trabajadores del Estado.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue categórico: "Una oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial. El gobierno de Milei es el peor pagador de salarios de la historia, que condena a la indigencia a la mitad de los estatales y a la pobreza a casi la totalidad". Las palabras de Aguiar no son una hipérbole sindical. Son la descripción de una realidad que los propios números del gobierno confirman y que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 vuelve irrefutable.

La propuesta oficial tiene además un diseño que revela su verdadera intención. Las sumas fijas no remunerativas y no bonificables no impactan en el salario de bolsillo de manera permanente, no se acumulan al básico y no mejoran los haberes de los trabajadores pasivos. Son un parche que maquilla la fotografía del momento sin modificar la película. Un recurso que este gobierno utilizó sistemáticamente para mostrar aumentos nominales que en la práctica no recomponen el poder adquisitivo destruido.

La fractura dentro del movimiento de trabajadores estatales es otro de los resultados de esta negociación. La Unión del Personal Civil de la Nación aceptó la oferta que ATE rechazó, dividiendo una respuesta que hubiera sido más contundente de haber sido unificada. El gobierno conoce ese mecanismo y lo aprovecha: negociar por separado, ofrecer lo mismo a todos y esperar que la fragmentación haga el trabajo que la política salarial no puede hacer sola.

Detrás de los porcentajes y las sumas fijas hay una decisión política concreta: el Estado argentino, que debería ser el empleador modelo que marca el piso de las condiciones laborales del país, se convirtió bajo esta gestión en el empleador que más ajusta, más congela y más empobrece a sus propios trabajadores. Esa decisión tiene consecuencias que van más allá de los sueldos: afecta la calidad de los servicios públicos, la capacidad del Estado de cumplir sus funciones y la vida cotidiana de millones de argentinos que dependen de esos servicios.