La central obrera presentó un amparo para declararla inconstitucional ante un juez que ya rechazó dos recursos similares contra la ley Bases.

La Confederación General del Trabajo llevó a la Justicia Federal su rechazo a la Ley 27.802 horas después de que el gobierno de Javier Milei la promulgara oficialmente, argumentando que varios artículos vulneran derechos constitucionales vinculados a la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. El pedido recayó en el Juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que rechazó dos amparos contra la ley Bases en 2023.

No es un dato menor. En un Poder Judicial cuya composición responde cada vez más a los intereses del oficialismo, el antecedente del juez Lavié Pico anticipa un camino judicial difícil para el movimiento obrero. Sin embargo la CGT avanzó igual, porque la presentación no es solo una estrategia legal: es una declaración política de que los trabajadores organizados no van a convalidar en silencio el desmantelamiento de derechos conquistados a lo largo de décadas.

La reforma que Milei acaba de promulgar toca tres pilares fundamentales del derecho laboral argentino: la estabilidad en el empleo, la fuerza vinculante de los convenios colectivos y la capacidad de los trabajadores de ejercer el derecho de huelga sin represalias. Su sanción no ocurre en el vacío sino en el peor momento posible para quienes viven de su trabajo. Desde noviembre de 2023 se perdieron 160 empleos fabriles por día según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La participación de la industria en el PBI cayó del 16,5% al 13,7% en apenas dos años. El empleo formal se derrumbó en 22 de las 24 provincias del país, con Santa Cruz encabezando la caída con un 16% de pérdida acumulada.

En ese escenario, una reforma que flexibiliza las condiciones de contratación y despido y debilita la negociación colectiva no es una modernización del mercado de trabajo. Es un ajuste más que se descarga sobre los sectores que menos tienen y que más necesitan de la protección del Estado. La norma fue sancionada con una mayoría ajustada en el Congreso que incluyó negociaciones con bloques provinciales que recibieron contrapartidas presupuestarias. La duplicación de los fondos enviados a Córdoba para cubrir el déficit de su caja jubilatoria, anunciada días después de que tres diputados cordobeses faltaran a la sesión en que se debatió la reforma, ilustra con precisión el mecanismo. No es la primera vez que el oficialismo construye mayorías de esa manera.

El gobierno logró la ley. Pero el movimiento obrero no cerró el expediente. La CGT fue a la Justicia y espera un fallo. Lo que está en juego con la Ley 27.802 es el modelo de relaciones laborales que la Argentina tendrá en los próximos años: un modelo que este gobierno diseñó del lado del capital y en detrimento del trabajo.