El nuevo ministro reemplaza a Cúneo Libarona y llega como hombre de confianza de Karina Milei para controlar los resortes clave del sistema judicial.

Juan Bautista Mahiques tomó juramento este jueves como nuevo ministro de Justicia ante Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia a la que también asistieron Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Reemplaza a Mariano Cúneo Libarona, uno de los últimos sobrevivientes del gabinete original de Milei, cuya renuncia había sido presentada en octubre pero retenida hasta encontrar el sucesor adecuado.

El elegido no es un nombre casual. Mahiques tiene 45 años, es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde 2019 y proviene de una de las familias con mayor arraigo en el Poder Judicial argentino. Su padre, Carlos "Coco" Mahiques, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el mismo tribunal que tiene en sus manos las causas más sensibles del país. Su hermano Ignacio es fiscal porteño y fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. Otro hermano, Esteban, es funcionario de la Cancillería. El apellido Mahiques no es solo un currículum: es una red.

El vínculo que lo llevó al cargo, sin embargo, no pasó únicamente por sus antecedentes judiciales. Según trascendió en medios nacionales, el primer contacto con el entorno de Karina Milei se produjo meses atrás, con los primos Menem y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, como nexos. Viola, quien ahora asumiría como secretario de Justicia y sería el número dos de Mahiques, es amigo del nuevo ministro desde hace casi dos décadas. La maniobra habría dejado un perdedor claro: Santiago Caputo, quien vio cómo el área de Justicia quedó en manos del espacio karinista, según señalaron distintas fuentes políticas consultadas por medios porteños.

Desde sectores cercanos al gobierno se describió el rol de Mahiques en términos que generaron polémica: sería, según esas fuentes, "los ojos y el cuerpo" de Karina Milei en los tribunales. Una definición que contrasta con la promesa de independencia judicial que el propio Mahiques esbozó en su discurso de asunción.

En sus primeras horas al frente del ministerio, el nuevo ministro pidió la renuncia de todos los funcionarios políticos de la cartera y anunció cambios en organismos clave: la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la Oficina de Bienes Recuperados. Los cambios en la UIF y la IGJ no son detalles administrativos: ambos organismos son piezas centrales en el control del lavado de dinero, la fuga de capitales y la transparencia societaria. Quién los conduzca y con qué criterio es una decisión política con consecuencias directas sobre causas judiciales en curso.

La tarea más urgente que le fijaron desde la Casa Rosada es cubrir las cerca de 300 vacantes de jueces y fiscales que acumula el sistema federal. Un tercio de los juzgados federales no tiene titular y desde diciembre de 2023 no se realizó ninguna designación. Lejos de revertir el problema, la gestión Milei lo profundizó: la proporción de cargos sin cubrir trepó del 27,6% al 36,3%. Un dato que habla menos de urgencia institucional y más de una Justicia federal vaciada a conveniencia, que ahora el nuevo ministro deberá —o querrá— llenar.