Odontólogos, ópticas y acompañantes terapéuticos llevan meses sin cobrar y ya suspendieron atención en cinco provincias. Quienes protestaron frente al Ministerio de Salud fueron reprimidos con golpes y empujones.

El PAMI acumula una deuda con sus prestadores que ya amenaza la atención de millones de jubilados y personas con discapacidad en todo el país. Más del 50% de odontólogos, ópticas y acompañantes terapéuticos no cobran desde octubre de 2025, lo que derivó en suspensiones de consultas, estudios y cirugías programadas en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.
La crisis no es nueva. El conflicto entre el PAMI y sus prestadores viene escalando desde hace meses, en un contexto de ajuste generalizado sobre el sistema de salud pública que el gobierno de Javier Milei profundizó desde su llegada al poder.

El golpe más duro lo reciben quienes menos recursos tienen para buscar alternativas. El programa Incluir Salud, que garantiza cobertura médica gratuita a personas con discapacidad, madres de siete o más hijos y mayores de 70 años sin otra cobertura, adeuda prestaciones desde hace seis meses. Sin cobro, los prestadores suspenden la atención. Sin atención, las familias quedan a la deriva.
Frente al Ministerio de Salud, quienes reclamaban el cumplimiento de los pagos —entre ellos personas en silla de ruedas, con síndrome de Down y con ceguera— fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad, bajo el mando de Jorge Macri. Hubo golpes y empujones contra manifestantes que entonaban el Himno Nacional.

La actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo y una de las caras más visibles del reclamo, describió con dureza lo ocurrido: "Nos vinieron a correr. Hay chicos con síndrome de Down, en silla de ruedas, ciegos, y los tuvimos que resguardar". Bassi también denunció el incumplimiento sistemático del Estado: "No damos más, no cumplen la ley. Recién están pagando octubre. Las familias no tenemos plan B".

La represión policial a personas con discapacidad reclamando atención médica sintetiza, en una sola imagen, el rumbo de una gestión que recorta derechos mientras protege otros intereses.