El oficialismo apura el dictamen mientras habilita audiencias formales en Diputados. En pleno lobby minero internacional, la ley que protege las reservas estratégicas de agua vuelve a estar bajo presión.

La Ley de Glaciares volvió al centro de la disputa política en el Congreso, en un contexto signado por la avanzada extractivista del gobierno nacional y la promoción abierta de la megaminería ante capitales extranjeros. Mientras gobernadores y funcionarios libertarios ofrecían recursos naturales en Canadá, en la Cámara de Diputados se activó el tratamiento del proyecto vinculado a la norma que protege las reservas estratégicas de agua dulce del país. Habrá audiencias públicas antes del debate en el recinto, pero el oficialismo ya fijó el miércoles próximo como fecha límite para obtener dictamen, dejando en evidencia que la prioridad no es ampliar la discusión sino acelerar definiciones.

El pedido de un debate técnico con expositores fue realizado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, acompañado por integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas, en un intento por evitar que la discusión se resuelva entre acuerdos de cúpula y presiones sectoriales. Sin embargo, el ritmo impuesto por el bloque libertario expone una voluntad política clara: reducir tiempos, acotar el debate y avanzar rápidamente en un tema que impacta de lleno sobre los límites a la actividad minera en zonas cordilleranas y periglaciares.

La Ley de Glaciares no es una norma menor. Fue conquistada tras años de movilización social y establece presupuestos mínimos de protección para ecosistemas que funcionan como reservas estratégicas de agua para millones de personas. En un país atravesado por crisis hídricas recurrentes, incendios forestales y degradación ambiental, debilitar su alcance no es una discusión técnica sino una decisión política con consecuencias estructurales. Cada intento de flexibilización ha estado históricamente vinculado a la presión de corporaciones interesadas en expandir la frontera extractiva sobre territorios protegidos.

El apuro legislativo coincide con una etapa en la que el gobierno de Javier Milei profundiza su modelo primario-exportador, orientado a garantizar condiciones óptimas para la inversión extranjera sin priorizar la planificación soberana ni la preservación estratégica de bienes comunes. En ese marco, la disputa por los glaciares sintetiza una discusión más amplia: si el país protege sus fuentes de agua como patrimonio colectivo o si las somete a la lógica del mercado global. El Congreso tiene ahora la responsabilidad histórica de definir si actúa como resguardo del interés público o como escribanía de un esquema que convierte la naturaleza en mercancía.