El Gobierno utilizó una herramienta legal para garantizar votos a favor de la reforma laboral. Entre los beneficiados hay gobernadores que se reivindican peronistas y acompañaron una norma que perjudica a las y los trabajadores.

El gobierno de Javier Milei transfirió en la última semana de febrero 20 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional a seis provincias cuyos representantes resultaron decisivos para aprobar la reforma laboral libertaria en la Cámara de Diputados. Los ATN son un instrumento legal y discrecional del Poder Ejecutivo, previsto para asistir desequilibrios financieros, pero su activación coincidió con el momento exacto en que el oficialismo necesitaba asegurar quórum y votos para sancionar una norma que recorta derechos laborales y debilita la protección histórica del trabajo en la Argentina.

Las transferencias alcanzaron a Misiones, Salta y Santa Cruz con 4 mil millones de pesos cada una; Corrientes y Jujuy con 3 mil millones; y Neuquén con 2 mil millones. Hasta el 22 de febrero no se habían registrado giros por ese concepto, lo que vuelve imposible separar la decisión administrativa del contexto político en que se produjo. La herramienta es legal, pero su utilización en ese momento específico dejó en evidencia un mecanismo de construcción de mayorías que tuvo como resultado la aprobación de una ley regresiva para el mundo del trabajo.

La reforma laboral sancionada flexibiliza condiciones de contratación, abarata despidos y erosiona el poder de negociación colectiva. Se trata de una modificación estructural que favorece al sector empresario en detrimento de las y los trabajadores, en un país donde el empleo registrado cae y el salario real se deteriora mes a mes. Que su aprobación haya estado acompañada por transferencias discrecionales a provincias cuyos mandatarios facilitaron el trámite legislativo instala una discusión política de fondo sobre las prioridades y las coherencias.

Entre los gobernadores beneficiados hay dirigentes que se reivindican peronistas y que históricamente construyeron su legitimidad en nombre de la defensa del trabajo y la justicia social. Sin embargo, en esta oportunidad acompañaron —por acción u omisión— una iniciativa impulsada por un gobierno abiertamente contrario a la tradición de ampliación de derechos laborales. La utilización de una herramienta formalmente válida para garantizar la sanción de una norma que perjudica a las y los trabajadores expone una contradicción política que no pasa inadvertida y que reabre el debate sobre representación, coherencia ideológica y lealtad a los principios que dieron origen al movimiento nacional.