Organismos de derechos humanos denunciaron en el Congreso que las condiciones impuestas en la prisión domiciliaria son arbitrarias y más severas que las que reciben condenados por delitos de lesa humanidad.

Representantes de organismos de derechos humanos cuestionaron en el Congreso las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de Cristina y advirtieron que el régimen dispuesto por el tribunal que la controla configura un esquema de excepcionalidad que no se aplica ni siquiera a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La reunión fue organizada por el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla y contó con la participación de referentes de la cultura, legisladores del mismo bloque y la adhesión de la diputada del FIT Myriam Bregman, en un encuentro que combinó denuncia jurídica y posicionamiento político frente a lo que consideran una avanzada restrictiva sin fundamentos proporcionales.

Las condiciones cuestionadas fueron dispuestas por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El esquema establece que Cristina solo puede recibir visitas dos veces por semana, durante dos horas y con un máximo de tres personas, siempre bajo autorización judicial previa. Además, debe portar tobillera electrónica, tiene restringido el acceso a la terraza de su domicilio y se encuentra sometida a un régimen que, según denunciaron, la deja prácticamente incomunicada. Los organismos remarcaron que ese tipo de limitaciones no rige para condenados por delitos mucho más graves, incluidos responsables de torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la última dictadura.

Durante el encuentro se señaló que la prisión domiciliaria, en términos jurídicos, no puede transformarse en un dispositivo de castigo agravado ni en una forma de aislamiento encubierto. Los referentes sostuvieron que las restricciones deben guardar proporcionalidad y razonabilidad, principios básicos del derecho penal y de ejecución de la pena, y advirtieron que en este caso se estaría configurando un trato diferencial con evidente intencionalidad política. La comparación con represores que cumplen condena en condiciones más flexibles fue uno de los ejes más contundentes del planteo.

El debate también dejó expuesta la dimensión institucional del conflicto. Para los organismos y legisladores presentes, el endurecimiento de las condiciones no puede analizarse de manera aislada del contexto político y judicial que atraviesa al país. En ese marco, reclamaron revisión inmediata del régimen y alertaron sobre el precedente que implicaría naturalizar restricciones extraordinarias para una dirigente política en prisión domiciliaria. La discusión, lejos de agotarse en el plano técnico, vuelve a instalar el interrogante sobre los límites entre justicia y persecución en la Argentina contemporánea.