La central obrera pidió que se declare inconstitucional el capítulo laboral aprobado por el Congreso. Denuncia que consolida un retroceso en garantías protegidas por la Constitución y tratados internacionales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del capítulo laboral aprobado por el Congreso dentro del paquete legislativo impulsado por el gobierno de Javier Milei. Para la central sindical, la norma no es una “modernización”, sino una reforma regresiva que reduce estándares de protección conquistados durante décadas.

El planteo cuestiona la ampliación del período de prueba, la flexibilización del régimen indemnizatorio y los cambios que debilitan los mecanismos de registración laboral. Según la presentación, esas modificaciones vulneran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y desconocen el principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales.

El cosecretario general, Cristian Jerónimo, advirtió que la central “no se resignará ni rendirá ante una norma inconstitucional que vulnera derechos adquiridos y agrava la crisis del empleo”. “La reforma significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales (como el Pacto de San José de Costa Rica)”

En el escrito, la CGT sostiene que la reforma desplaza el riesgo empresario hacia los trabajadores, abarata el despido y habilita un escenario de mayor precarización bajo un discurso de eficiencia económica.

En una presentación distinta —aunque sobre el mismo capítulo normativo— la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) promovió una demanda colectiva para que la Justicia revise la constitucionalidad de la ley. Desde la entidad señalaron que los cambios alteran el equilibrio estructural del derecho del trabajo argentino.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también advirtieron que algunas disposiciones podrían afectar indirectamente el ejercicio del derecho de huelga y anticiparon nuevas acciones judiciales si se profundiza su aplicación. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, apuntó: “Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave”.
Las demandas ya ingresaron en el fuero laboral y contencioso administrativo. Mientras tanto, los artículos cuestionados comenzaron a regir, consolidando un marco legal que redefine la relación entre capital y trabajo en favor de las empresas.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy dijo que “en todo el país los estatales están realizando una jornada de lucha porque el robo descarado que Milei hace a las provincias, reteniendo recursos, hace que los salarios de los estatales sean los más perjudicados”. “Se está destruyendo la industria, las economías regionales. Y necesitamos que los gobernadores adopten medidas para que este robo descarado no lo paguen ellos

La discusión ya no es solamente política: es constitucional. Lo que está en juego es si el Congreso puede reducir derechos laborales en nombre de la desregulación económica o si esos límites encuentran un freno en la propia arquitectura jurídica que protege al trabajo como valor social.