El Presidente utilizó el Congreso como tribuna para celebrar la prisión de Cristina, insultar a la oposición y anunciar un paquete de reformas que consolida un modelo de ajuste, disciplinamiento y subordinación externa.

El presidente Javier Milei abrió el período de sesiones ordinarias con un discurso que no buscó ordenar la agenda legislativa ni tender puentes en un escenario de fragmentación política, sino consolidar una narrativa de confrontación permanente y radicalizar un programa de transformación regresiva del Estado. Durante casi dos horas convirtió el recinto en un escenario de campaña, con descalificaciones personales, agravios sistemáticos contra la oposición y una batería de anuncios que confirman la voluntad de reconfigurar la matriz social argentina sobre la base del mercado desregulado, la ampliación del poder punitivo y la reducción de derechos. La bancada de Unión por la Patria permaneció mayormente vacía como gesto político ante una puesta en escena que tuvo más de provocación que de institucionalidad.

El punto de mayor gravedad democrática fue la celebración explícita de la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Milei no solo reivindicó su encarcelamiento como un logro propio, sino que aseguró que “va a seguir presa”, anticipando el destino judicial de la principal dirigente opositora. No se trató de una referencia técnica a expedientes en trámite, sino de una afirmación política pronunciada en tono de advertencia y burla hacia el peronismo. Cuando el titular del Poder Ejecutivo naturaliza y festeja la privación de libertad de quien lidera la principal fuerza opositora, la frontera entre independencia judicial y utilización política de los tribunales se vuelve peligrosamente difusa. La escena consolidó una lógica de proscripción que ya no se niega ni se disimula, sino que se exhibe como trofeo ante la propia base electoral.

El discurso estuvo atravesado por una retórica de degradación del adversario que incluyó calificativos como “ladrones”, “corruptos”, “parásitos”, “golpistas” y “cavernícolas”, además de la frase “me encanta domarlos y hacerlos llorar”, que sintetiza una concepción del poder basada en la humillación del otro. No hubo apelación al pluralismo ni reconocimiento del conflicto democrático como parte constitutiva del sistema político, sino una reafirmación de la lógica amigo-enemigo que tensiona los límites de la convivencia institucional. En los palcos lo acompañaron los embajadores de Estados Unidos e Israel, una postal coherente con el alineamiento automático que el Gobierno viene profundizando y que se traduce en una política exterior sin autonomía estratégica, subordinada a agendas geopolíticas que poco dialogan con la tradición latinoamericanista y soberana de la Argentina.

En términos programáticos, Milei anunció una reforma integral del Código Penal con endurecimiento de penas, la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento político, una reforma tributaria, transformaciones en el Poder Judicial, en seguridad nacional, inteligencia y aduanas, y una reconfiguración del sistema educativo basada en vouchers y auditorías sobre las universidades públicas. También defendió la expansión de la megaminería a lo largo de toda la cordillera, descalificando como “cavernícolas” a quienes advierten sobre el impacto ambiental y la amenaza sobre el agua y los glaciares. El mensaje fue claro: más mercado, menos Estado; más castigo, menos derechos; más extractivismo, menos bienes comunes. La combinación no es improvisada, sino parte de un proyecto ideológico que busca transferir recursos hacia los sectores concentrados mientras se debilita la capacidad regulatoria estatal y se penaliza la conflictividad social.

La apertura de sesiones se produjo en un contexto en el que el Senado ya aprobó la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que habilita el encarcelamiento desde los 14 años, dos piezas centrales de una arquitectura normativa orientada a disciplinar a trabajadores y jóvenes en un escenario de ajuste. El discurso presidencial no ofreció matices ni gestos de moderación: reafirmó una estrategia de choque, de acumulación por polarización y de construcción de poder mediante la confrontación permanente. Más que un mensaje institucional, la jornada dejó la confirmación de un rumbo que combina regresión social, concentración económica y debilitamiento de consensos democráticos básicos, en una Argentina atravesada por la incertidumbre y el retroceso de derechos que costaron décadas conquistar.