La Justicia laboral suspendió el sumario contra 40 trabajadores del hospital pediátrico y dejó en evidencia, según delegados gremiales, un intento oficial de disciplinamiento y represalia sindical.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 hizo lugar al amparo presentado por trabajadores del Hospital Garrahan y suspendió el sumario administrativo que pesaba sobre 40 empleados, a quienes las autoridades buscaban cesantear o suspender. La medida judicial frena, al menos de manera provisoria, la intención de despedir a 11 trabajadores y sancionar a otros 29 en un expediente que desde la Junta Interna de ATE calificaron como “arbitrario” y orientado a disciplinar la organización gremial dentro del hospital pediátrico más importante del país.

Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE, figura entre los apuntados por el Gobierno para ser despedido. Tras conocerse el fallo, sostuvo que la resolución “confirma lo que veníamos denunciando” y que el trasfondo del sumario fue castigar el protagonismo sindical del año pasado. Según detalló, el fallo advierte que el texto de la resolución habría sido redactado en oficinas del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones y que el anuncio público realizado en redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni vulneró el principio de presunción de inocencia, al exponer anticipadamente a los trabajadores sancionados.

Desde la conducción gremial interpretan la decisión judicial como un revés político para la administración de Javier Milei, en un contexto de fuerte conflictividad en el sistema de salud pública. Lipcovich señaló que el intento de despidos y suspensiones buscaba “establecer un régimen represivo dentro del hospital” y silenciar reclamos que siguen vigentes, entre ellos la falta de personal en áreas críticas, la profundización de modalidades de contratación precarias bajo la figura del monotributo y el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica. Además, subrayó que la resolución fue dictada por el fuero laboral, un ámbito judicial que el oficialismo ha cuestionado abiertamente y que pretende reformar tras la votación en el Congreso.

En la misma línea, Gerardo Oroz, trabajador y secretario adjunto de ATE Garrahan, también incluido en la nómina de cesanteados, advirtió que el fallo probablemente será apelado por las autoridades del hospital. Aunque reconoció que se trata de “un paso importante”, remarcó que la campaña contra los sumarios y la persecución a delegados y activistas continuará. “No nos van a doblegar”, afirmó, al convocar a un abrazo simbólico alrededor del hospital este jueves a las 13 horas, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar el respaldo de organizaciones de familiares, sindicatos y distintos sectores sociales.

La jornada de protesta se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento y las condiciones de trabajo en el hospital de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, que atiende a miles de niñas y niños de todo el país. Para los trabajadores, el fallo judicial no solo suspende un proceso administrativo, sino que expone una estrategia oficial de confrontación con el sindicalismo estatal en áreas sensibles del Estado. La convocatoria a conferencia de prensa este miércoles a las 12 horas y al abrazo del jueves busca transformar esa resolución judicial en un punto de apoyo para reabrir el debate sobre el rumbo de la salud pública y el rol del Estado en la garantía de derechos.