La central obrera confirmó la medida para el día en que se trate el proyecto en Diputados y denunció que la iniciativa implica una transferencia millonaria de recursos desde los trabajadores hacia los sectores empresarios.

La Confederación General del Trabajo anunció un paro nacional de 24 horas que comenzará a las 0 del día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, al que calificó como regresivo, inconstitucional y lesivo para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y advirtió que la iniciativa implica una transferencia estimada en 6.000 millones de dólares anuales desde el sector asalariado hacia los empleadores.

En una conferencia de prensa encabezada por integrantes del Consejo Directivo, la central obrera sostuvo que el proyecto “conculca derechos individuales, debilita a las organizaciones sindicales y establece una transferencia directa de recursos al sector empresario”, en referencia a la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral, la modificación del régimen indemnizatorio y la reducción de aportes patronales. Según plantearon, el costo de esa reforma se descargaría sobre los salarios con la promesa futura de generación de empleo formal que, afirmaron, no encuentra respaldo en la evolución del actual programa económico.

La CGT contextualizó la medida de fuerza en un escenario que describió como crítico desde el punto de vista sociolaboral. Señaló que en los últimos dos años se perdieron 300.000 puestos de trabajo formales, que diariamente se destruyen alrededor de 400 empleos registrados y que más de 21.000 pymes cerraron sus puertas, lo que calificaron como una ruptura del tejido productivo nacional. Como ejemplo reciente, mencionaron el cierre de la empresa FATE y la situación de casi mil trabajadores afectados.

La conducción sindical remarcó que no se opone a una modernización laboral, pero diferenció ese concepto de lo que, a su entender, implica el proyecto oficial. “Modernizar no es desregular ni quitar derechos, sino actualizar la protección frente a nuevas formas de trabajo, la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica”, señalaron, y afirmaron que esa actualización debe darse en el marco de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, con un Estado presente que garantice equilibrio y justicia social.

En ese sentido, cuestionaron que la iniciativa no incorpore referencias a las transformaciones tecnológicas actuales, que derogue la ley de teletrabajo y que profundice figuras como el monotributo sin avanzar en la formalización de trabajadores de plataformas y de la economía popular. También denunciaron que el proyecto tiene un “fuerte sesgo ideológico” contra las organizaciones sindicales y que atenta contra el principio protectorio y el principio de progresividad consagrados en la Constitución Nacional.

Durante la conferencia, los dirigentes sindicales llamaron a la “responsabilidad política” de diputados y diputadas al momento de votar la iniciativa y reclamaron que representen los intereses del pueblo trabajador. Recordaron que la CGT realizó movilizaciones, paros y gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso para abrir instancias de diálogo que, según afirmaron, no prosperaron. “Agotamos todas las instancias”, señalaron, y advirtieron que la medida anunciada no cierra el plan de acción si el gobierno insiste con el rumbo económico actual.

La central obrera sostuvo además que el modelo en curso privilegia a los sectores financieros y concentrados en detrimento de la producción y el empleo, y que la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento familiar y la caída de la capacidad instalada industrial por debajo del 50 por ciento configuran un escenario social preocupante. “No hay libertad posible sin justicia social”, afirmaron, retomando una consigna histórica del movimiento obrero argentino.

El paro nacional, indicaron, buscará expresar el rechazo al proyecto y advertir sobre las consecuencias sociales y económicas que, según la CGT, implicaría su aprobación. “No estamos dispuestos a entregar derechos conquistados por la historia del movimiento obrero”, concluyeron, en un mensaje que anticipa una nueva etapa de confrontación sindical frente al avance legislativo de la reforma.