Las medidas del gobierno de Javier Milei para reducir al Estado no son abstractas ni técnicas: impactan todos los días en la vida de millones de argentinos. Decretos, recortes y cancelaciones que se promueven como “desregulación” o “eficiencia” se traducen en menos derechos, más costos y menos redes de protección para quienes más lo necesitan.

Austeridad es un término económico. En la vida cotidiana, significa menos subsidios, menos programas sociales y menos apoyo cuando las crisis golpean. Esos cambios necesitan ser mirados con atención porque transforman la existencia de quienes trabajan, viven de un salario, sostienen familias y dependen de servicios públicos.

El Decreto 70/2023, firmado el 20 de diciembre de 2023, estableció las “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” e inauguró un megadecreto de ajuste que eliminó regulaciones, redujo programas sociales y facultó al Ejecutivo a reestructurar el Estado sin debate público amplio. Esa sola norma se convirtió en paraguas para que, en menos de dos años, el gasto estatal se contrajera sin previo aviso para muchos sectores.

Un impacto directo se dio en los planes sociales: más de 27.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo fueron suspendidos, y se anunciaron auditorías para otros cientos de miles con la intención de cancelar sus apoyos. Para quienes dependen de ese ingreso mínimo —muchas veces la diferencia entre comer o no— esto significa mayor precariedad, inseguridad alimentaria y menos opciones para sostener la vida cotidiana.

A esto se suman los recortes drásticos en programas sociales y de cuidado familiar: la mayoría de las políticas ligadas a la sostenibilidad de la vida (asistencia comunitaria, cuidados infantiles, atención a adultos mayores) fue recortada o eliminada, dejando familias y redes comunitarias sin respaldo estatal. El resultado es que quienes ya estaban al límite quedaron más expuestos a la vulnerabilidad estructural.

En paralelo, el gobierno eliminó o redujo subsidios al consumo de servicios públicos como la energía, el transporte o el gas, una de las herramientas que el Estado había usado históricamente para amortiguar los costos de la vida diaria. Aunque algunas medidas de segmentación o créditos específicos han intentado mitigar el impacto, el hecho de que millones de hogares —especialmente de ingresos medios y bajos— vean crecer sus tarifas significa que una parte cada vez mayor del ingreso familiar se destina a servicios esenciales, no a consumir o ahorrar.

La eliminación de subsidios a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y a actividades productivas también es una señal de adónde va el ajuste: en vez de fortalecer la economía real para sostener empleo y producción, se traslada el peso del costo energético a los propios trabajadores y emprendedores. Cuando una pequeña empresa paga más por luz y gas, reduce inversiones, congela contrataciones o, en el peor de los casos, despide personal. Eso afecta directamente al trabajador común que vive de su salario.

En el sistema de salud también hay claras señales de debilitamiento. Entre 2024 y 2025, el presupuesto sanitario fue recortado casi a la mitad en términos reales, incluyendo programas de detección temprana de enfermedades y campañas de vacunación. ¿Qué significa esto para quien trabaja y tiene familia? Mayor dificultad para acceder a tratamientos, más gastos de bolsillo en salud y menos respuesta estatal ante crisis sanitarias.

Los programas educativos y de cultura no quedaron exentos. La reducción presupuestaria y la reconversión institucional de ministerios ligados a educación y desarrollo social se sintieron en recortes de becas, menor inversión en infraestructura escolar y caída de salarios docentes en términos reales. Los trabajadores del sector educativo, muchas veces con salarios ya por debajo de la inflación, vieron disminuir su poder adquisitivo y su capacidad de sostener la calidad educativa.

Amplios sectores de la sociedad sintieron el ajuste incluso cuando no lo vivieron directamente en su bolsillo: la paralización de proyectos de obras públicas —una caída de más del 60 % en inversión en infraestructura— también tuvo efectos colaterales en empleos indirectos, en el estado de rutas y servicios comunales, y en la vida de quienes trabajan en construcción y servicios asociados.

El argumento oficial repite que todo esto apunta a “reducir el Estado” para favorecer la eficiencia y bajar la inflación. Pero la experiencia cotidiana es otra: cuando el Estado se retira de las funciones que hacían posible la educación pública, la salud accesible, las redes sociales de protección, y los subsidios a servicios básicos, quien pierde no es el Estado: son las personas que viven de un salario, que cuidan familias, que enfrentan enfermedades y que confían en la educación pública para sus hijos.
Los trabajadores, entonces, no están ante un debate abstracto sobre tamaño del Estado. Están ante una realidad concreta: menos subsidios significan más gasto doméstico en luz, gas y transporte; menos programas sociales significan menos ingresos garantizados; menos inversión en salud y educación significa servicios más caros y menos accesibles. Y cuando esto se traduce en su vida diaria —salarios comprimidos, tarifas crecientes, servicios básicos tensados— la afirmación de que “menos Estado” es mejor se convierte en una sentencia para el empobrecimiento de sectores amplios de la población.
Es por eso que mirar con atención estas medidas no es una cuestión de opinión: es una cuestión de supervivencia social. Cuando el Estado se achica, las protecciones que sostienen la vida laboral, familiar y comunitaria se debilitan. Y en ese hueco no siempre entra el mercado como salvador: muchas veces entra la desigualdad, la precariedad y la incertidumbre.