La discusión sobre la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se presenta como una cruzada contra “la rigidez” y “la industria del juicio”. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay algo más simple y más crudo: quién paga el costo del ajuste cuando la economía se reordena. Y, como casi siempre en la historia argentina, el borrador muestra que ese costo vuelve a caer sobre quienes viven de su salario.

Entre las medidas que más perjudican a los trabajadores está la ampliación del período de prueba y la facilidad para despedir sin indemnización plena. En los hechos, eso significa que millones de personas quedarían durante meses —o años, si el esquema se generaliza— trabajando sin estabilidad real. Algo parecido ocurrió en España con la reforma de 2012: se prometió más empleo y lo que creció fue la rotación, contratos cortos y sueldos más bajos. El empleo subió, sí, pero la precariedad se volvió norma. En Alemania o Francia, en cambio, la flexibilidad existe, pero siempre acompañada de fuertes seguros de desempleo y negociación colectiva. Milei propone una parte del modelo, pero no la otra.

Otra medida regresiva es la debilitación de las indemnizaciones y su reemplazo por fondos o seguros privados. Sobre el papel parece moderno; en la práctica traslada el riesgo del empleador al trabajador. En Chile, un sistema similar permitió despidos más baratos, pero también generó salarios más bajos porque las empresas descuentan ese costo del sueldo. La estabilidad deja de ser un derecho y pasa a ser una variable de mercado.
También preocupa el intento de limitar la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obliga a renegociar derechos ya conquistados desde una posición más débil. En Reino Unido, tras décadas de desregulación sindical, el resultado fue un mercado laboral con bajos salarios, alta desigualdad y trabajadores que, aun con empleo, siguen siendo pobres.

Ahora bien, no todo en una reforma laboral es necesariamente negativo. Hay medidas que sí podrían beneficiar a los trabajadores si se implementaran con una lógica de protección social. La simplificación de trámites de contratación, por ejemplo, puede ayudar a reducir empleo en negro, algo que países como Dinamarca lograron combinando flexibilidad con inspección laboral fuerte y altos beneficios por desempleo. La clave es que el Estado esté presente, no que se retire.
También es positivo promover la capacitación laboral continua. En economías desarrolladas como Alemania o Corea del Sur, el Estado y las empresas invierten en formar a los trabajadores para que puedan adaptarse a cambios tecnológicos sin perder ingresos ni derechos. Una reforma que incluya esto mejora la productividad sin sacrificar dignidad.

El problema central es que la propuesta del gobierno parece copiar solo la parte del modelo que abarata despidos y reduce costos, pero ignora la que protege a quien queda afuera. En los países ricos que se citan como ejemplo, nadie queda librado a su suerte: hay seguro de desempleo alto, salud garantizada y sindicatos fuertes. Acá se pretende lo contrario: mercado sin red.

La reforma laboral, así planteada, no moderniza: traslada el poder de negociación hacia arriba y el riesgo hacia abajo. Y cuando el riesgo baja de la empresa al trabajador, lo que se precariza no es solo el empleo, sino la vida. Porque detrás de cada “flexibilización” hay alquileres que pagar, familias que sostener y un futuro que deja de ser previsible.

El debate no es si el trabajo debe cambiar —eso ya está ocurriendo en todo el mundo—, sino quién gana y quién pierde con ese cambio. Y por ahora, en la letra chica del proyecto, los que pierden siempre parecen ser los mismos.