Un informe del economista Alejandro Sangiorgio, elaborado en base a datos oficiales del Banco Central, advierte que la morosidad de los hogares llegó a su nivel más alto en 15 años. Tasas usurarias, salarios rezagados y el avance del crédito fintech explican un fenómeno que expone el costo social del modelo Milei-Caputo.

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa una fase crítica que ya no puede leerse como un fenómeno transitorio. De acuerdo a un estudio reciente elaborado por el economista Alejandro Sangiorgio a partir de los últimos informes del Banco Central, la morosidad del crédito a las familias alcanzó en noviembre de 2025 el 8,8%, el registro más alto desde que la autoridad monetaria comenzó a medir este indicador en 2010. El dato no sólo marca un récord histórico, sino que además confirma una tendencia persistente: se trata del decimotercer incremento consecutivo y de una suba que más que triplica los niveles observados un año atrás.

El informe señala que el deterioro del endeudamiento familiar se concentra especialmente en las líneas de crédito destinadas a sostener el consumo cotidiano. Los préstamos personales exhibieron un nivel de incumplimiento del 11%, mientras que las tarjetas de crédito escalaron al 9,2%, configurando un escenario de fuerte estrés financiero en los hogares. Son justamente estos instrumentos los que millones de familias utilizan para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte y servicios públicos, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleo formal.

Según el análisis, la raíz del problema reside en el desfasaje estructural entre ingresos y costo del financiamiento. Mientras la inflación interanual rondó el 31%, las tasas nominales de los préstamos personales promediaron el 78%, lo que se traduce en costos efectivos anuales superiores al 110%. En el caso de las tarjetas de crédito, el encarecimiento es aún mayor, profundizando una dinámica en la que pagar el mínimo deja de ser una solución y se convierte en el inicio de un proceso de endeudamiento crónico.

El trabajo advierte además sobre el crecimiento acelerado del crédito no bancario, en particular a través de billeteras virtuales y fintech, que expandieron su presencia durante 2025 aprovechando la urgencia financiera de los hogares. Lejos de ofrecer una salida sostenible, este tipo de financiamiento terminó consolidando un esquema de endeudamiento de subsistencia, con tasas sensiblemente más elevadas y niveles de morosidad que alcanzaron el 21,4%, más del doble de los registros del sistema bancario tradicional para el segmento familias.

El impacto de esta dinámica ya se proyecta sobre el conjunto del sistema financiero. Los cargos por incobrabilidad superaron el billón de pesos en noviembre y las previsiones de los bancos comenzaron a mostrar signos de deterioro, en la medida en que la mora crece más rápido que los fondos destinados a cubrirla. Esta situación obliga a las entidades a endurecer las condiciones de otorgamiento de nuevos créditos, reduciendo montos y plazos, y anticipa un escenario de menor disponibilidad de financiamiento para el consumo.

Frente al discurso oficial que insiste en una supuesta normalización macroeconómica, los datos exponen una realidad distinta. El ajuste se descarga sobre los ingresos populares mientras el costo del dinero permanece deliberadamente elevado, trasladando el peso del ordenamiento económico a los hogares endeudados. En este contexto, la deuda deja de cumplir una función de inclusión y se transforma en un mecanismo de presión social que erosiona la estabilidad económica y profundiza la desigualdad.

El informe concluye que sin una política activa orientada al desendeudamiento de las familias y a la regulación del crédito, el aumento sostenido de la morosidad seguirá funcionando como una señal temprana de deterioro económico. Menos consumo, menor nivel de actividad y mayor fragilidad social aparecen como consecuencias directas de un modelo que prioriza la rentabilidad financiera por sobre las condiciones de vida de la mayoría.