Bajo el discurso de la modernización, el Gobierno avanza con un proyecto que vacía la Ley de Contrato de Trabajo, debilita al sindicalismo y redefine las relaciones laborales en favor del poder empresario. Una ofensiva que no actualiza derechos: los desmantela.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es una respuesta a los cambios del mundo del trabajo ni una actualización necesaria del marco normativo, sino una ofensiva ideológica y económica contra los derechos laborales y la organización colectiva. El proyecto deroga artículos centrales y modifica de manera estructural la Ley de Contrato de Trabajo, desarmando un sistema de protección que fue construido a lo largo de décadas como resultado de luchas sociales, conquistas sindicales y consensos democráticos.

Desde ADN Populares sostenemos que la Argentina necesita debatir reformas profundas. El mundo del trabajo cambió, las tecnologías transformaron los procesos productivos y nuevas modalidades laborales requieren regulación. Pero una reforma laboral verdadera debe partir de un principio irrenunciable: mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan, no facilitar su explotación. Modernizar no puede ser sinónimo de precarizar, ni actualizar la ley puede implicar retroceder un siglo en materia de derechos.

El proyecto del Gobierno va en sentido inverso. Bajo la retórica de la “libertad”, redefine la relación laboral en favor del empleador y consolida un modelo de precarización estructural. La exclusión de los trabajadores de plataformas de la protección legal, la promoción de la tercerización sin responsabilidad solidaria y la eliminación de estatutos profesionales como el de periodistas no constituyen ajustes técnicos, sino un diseño deliberado para fragmentar al trabajo, debilitar la organización colectiva y reducir costos empresariales.

La derogación de la Ley de Teletrabajo y la ampliación de las contrataciones eventuales y temporarias profundizan esa lógica. La extensión del período de prueba de tres a seis meses legaliza la inestabilidad como norma y habilita despidos sin costo en los primeros meses de relación laboral, consolidando un mercado de empleo marcado por la rotación permanente, el miedo a reclamar y la ausencia de horizonte.

Las condiciones de vida cotidiana de los trabajadores también quedan sujetas a la discrecionalidad patronal. Las vacaciones dejan de ser un derecho vinculado al descanso y pasan a organizarse según las necesidades productivas de la empresa. La jornada laboral se flexibiliza mediante bancos de horas que eliminan el pago de horas extras y permiten extensiones horarias sin compensación económica real, trasladando una vez más el riesgo del negocio al trabajador.

Uno de los núcleos más regresivos del proyecto es la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral administrado por entidades financieras. Esta medida no solo debilita la protección frente al despido arbitrario, sino que rompe el principio de responsabilidad empresaria y afecta indirectamente al sistema previsional, al nutrirse de recursos que dejaría de percibir la ANSES. El despido deja de ser una decisión con consecuencias y pasa a convertirse en una variable más del cálculo económico.

El ataque se completa con un vaciamiento del acceso a la justicia laboral. La eliminación del principio de favorabilidad, de la justicia social como criterio de interpretación y de la posibilidad de recomponer las condiciones de trabajo consagra un cambio de paradigma: el trabajador deja de ser sujeto de derechos para convertirse en parte débil de un contrato desigual. La habilitación de la renuncia a derechos laborales termina de sellar un esquema que institucionaliza la desigualdad.

En el plano salarial, la reforma habilita una discrecionalidad inédita. El llamado “salario dinámico” permite modificar, reducir o eliminar componentes del ingreso de manera unilateral, amplía los conceptos no remunerativos y habilita pagos en especie o en monedas alternativas. Este esquema reduce el salario real, deteriora jubilaciones y castiga especialmente a quienes enferman o sufren accidentes laborales, convirtiendo la vulnerabilidad en penalidad económica.

El capítulo sindical revela con claridad el objetivo político del proyecto. La limitación de las asambleas en los lugares de trabajo, la descentralización de la negociación colectiva y el ataque al financiamiento sindical buscan debilitar al movimiento obrero organizado, uno de los pilares históricos de la democracia argentina. La reforma de la tutela sindical y las restricciones al derecho a huelga completan un dispositivo de disciplinamiento social que apunta a neutralizar la protesta y reducir la capacidad de resistencia colectiva.

Desde este medio sostenemos que la Argentina también necesita reformas en seguridad, justicia y educación. Pero esas transformaciones solo pueden ser legítimas si están orientadas a garantizar derechos, ampliar igualdad y fortalecer al pueblo, no a consolidar privilegios ni a profundizar exclusiones. Las reformas que castigan a los sectores populares, debilitan al Estado y concentran poder económico no son soluciones: son parte del problema.

La iniciativa del gobierno de Milei no moderniza la Argentina. La retrotrae a un modelo de relaciones laborales anterior al artículo 14 bis, rompe el pacto social que estructuró al país y redefine el rol del Estado como garante del mercado y no de los derechos. Frente a este avance, el debate no es si hace falta reformar, sino para quién y para qué. Y en esa discusión, ADN Populares toma partido: siempre del lado de quienes trabajan, estudian y viven de su esfuerzo.