La central obrera convocó a una movilización masiva al Congreso y dejó en suspenso una nueva huelga nacional mientras apuesta a frenar la reforma laboral en el Senado, en medio de tensiones internas y negociaciones políticas con gobernadores.

La CGT convocó a una movilización “multitudinaria y contundente” frente al Congreso Nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que resolvió no avanzar, por ahora, con un nuevo paro general. La definición fue anunciada por el cosecretario general Jorge Sola, quien advirtió que el proyecto oficial “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y trasladó la responsabilidad política del desenlace a los senadores, a quienes instó a definir si están dispuestos a defender los intereses del mundo del trabajo.

La decisión fue el resultado de un debate interno intenso dentro de la central obrera, donde volvió a ponerse en tensión la histórica puja entre los sectores más dialoguistas y las corrientes combativas que reclamaban activar de inmediato un cuarto paro general contra la gestión libertaria. Finalmente, se impuso una estrategia gradual, que prioriza la presión política y la acumulación de fuerza en las calles sin recurrir todavía a la herramienta más dura del sindicalismo.

En la conducción de Azopardo pesa todavía el recuerdo del último paro general, realizado en abril del año pasado, cuyo impacto quedó debilitado por la falta de adhesión de la UTA. Aquella experiencia dejó al descubierto límites en la capacidad de convocatoria, especialmente en el transporte, un factor decisivo a la hora de evaluar el costo político de una nueva huelga nacional que no logre paralizar completamente la actividad.

Sin embargo, la CGT dejó en claro que el paro general no fue descartado. “Es una batalla larga”, sostuvo Sola, al describir el escenario que se abre con el tratamiento parlamentario de la reforma. En ese marco, detalló el despliegue político que la central viene llevando adelante para frenar la iniciativa oficial, con gestiones ante más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados, 50 intendentes y representantes de pequeñas y medianas empresas, en un intento por construir un dique legislativo contra el proyecto.

La estrategia sindical apunta a trabar el avance de la reforma en el Senado sin “quemar” prematuramente la medida de fuerza más extrema. En ese cálculo aparece un factor clave: el impacto fiscal que tendría la reforma sobre las provincias, especialmente por la rebaja del Impuesto a las Ganancias a las sociedades y su efecto negativo sobre la coparticipación. La conducción de la CGT apuesta a una convergencia de intereses con los gobernadores para dificultar el cuórum o directamente bloquear el tratamiento del proyecto.

Ese trabajo político, sin embargo, mostró avances desiguales. En los últimos días quedaron en suspenso reuniones previstas con mandatarios provinciales, en medio de gestos de acercamiento de algunos gobernadores al gobierno nacional. Entre ellos, el correntino Juan Pablo Valdés, que se mostró junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, y el cordobés Martín Llaryora, con quien no prosperó una foto que había sido anticipada como señal política.

Mientras tanto, la CGT buscó contener la presión interna habilitando una salida intermedia: cada gremio quedó facultado a convocar paros por actividad o ceses parciales para facilitar la participación en la movilización al Congreso. En ese marco, la Unión Obrera Metalúrgica confirmó un paro desde las 10 de la mañana para permitir que sus afiliados se sumen a la protesta, reforzando el peso de la movilización sin forzar una huelga general.

Los paros sectoriales cumplen así una doble función: engrosar la convocatoria frente al Congreso y mantener alta la temperatura del conflicto, sin asumir el riesgo político de una medida de alcance nacional que dependa, una vez más, del alineamiento del transporte. Esa sigue siendo una de las tensiones centrales dentro del sindicalismo.

En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte convocó a una conferencia de prensa para el lunes, donde podría anunciar un paro de 24 horas. Aunque nuclea a gremios estratégicos como Camioneros, La Fraternidad y los aeronavegantes, la incógnita vuelve a estar puesta en la UTA, cuyo posicionamiento resulta determinante para el impacto real de cualquier medida de fuerza.

Con el proyecto ingresando al recinto del Senado y las CTA convocando a un paro nacional con movilización, la CGT buscará copar la calle, mostrar músculo y medir fuerzas. El paro general, por ahora, queda guardado. Pero en Azopardo nadie lo descarta si la reforma supera el primer filtro legislativo y avanza hacia Diputados. Allí, advierten, la “batalla larga” podría entrar en una nueva y más dura fase.